Petróleo y gas natural en el Perú: ¿Quién los salvará de la crisis en el 2021? | INFORME

“Estamos en caída libre y el gran problema es que no hay nada de dónde agarrarnos. Caemos sin paracaídas, nos acercamos al suelo y nadie [en el Gobierno] reacciona”, advierte Carlos Gonzáles, director gerente de Enerconsult.

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La situación es la misma en toda la cadena productiva del sector, desde el upstream (exploración y producción) hasta el downstream (transporte y distribución).

UN AÑO PARA EL OLVIDO

Sólo en el upstream, este año se perdieron más de 10 mil puestos de trabajo y las empresas abandonaron o paralizaron dos tercios de los lotes que estaban operativos al inicio del 2020, entre ellos muchos campos productores de petróleo.

Es el caso del lote 8, cuya devolución al Estado por parte de Pluspetrol fue la gota que rebasó el vaso de las penurias del sub-sector petrolero.

“El año 2020 va a pasar a la historia del petróleo peruano porque hemos tenido meses con ‘cero’ producción en la selva y, por supuesto, debemos haber batido récords de importación de petróleo por varios miles de millones de dólares”, señala Víctor Sanz, vicepresidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIG&P), recientemente instituido.

Por el lado del downstream las cosas tampoco se han desarrollado de mejor forma. El 2020 se cerró con el retiro del país de la española Naturgy, encargada de masificar el gas natural en el sur del Perú.

“Lo que esto demuestra es el fracaso del sistema de masificación del gas natural”, apunta Humberto Campodónico, ex presidente de Petro-Perú.

¿En estas circunstancias, qué debemos esperar del 2021?

DESAFÍOS PARA EL 2021

En opinión de Freddy Morales, presidente del IPIG&P, la crítica situación del sector, aunada a la pandemia del COVID-19 y la proximidad de la campaña electoral, impide avizorar cualquier tipo de inversión en el upstream o midstream de hidrocarburos en el 2021.

“Lo único que se espera es que el Gobierno de transición conduzca con transparencia las elecciones, pero no hay nada a la vista en el sector hidrocarburos. Todo está abandonado, y así va a seguir hasta agosto del 2021”, refiere.

En este adverso contexto, Carlos Gonzales considera irresponsable que Perú-Petro insista con la ‘licitación temprana’ de ocho lotes petroleros (con contratos que vencen entre 2021 y 2028), programada para el primer semestre de este año.

“¿Por qué el apuro para licitar lotes que expiran en ocho años? ¿Y por un gobierno de emergencia, con la amenaza de una segunda ola de COVID-19 en el horizonte y con una refinería [la de Petro-Perú] paralizada?”, pregunta.

Del mismo modo, los profesionales de la industria de gas natural advierten el posible fracaso del proyecto Siete Regiones, que Proinversion busca licitar en marzo de este año después de múltiples aplazamientos.

Martín Mejia, director general de Cálidda sostiene que para que dicha licitación tenga éxito, debe revisarse el “modelo de adjudicación de concesiones de gas”, que ha demostrado ser un fracaso fuera de Lima e Ica.

“Creemos que el esquema que se necesita para concesiones con poca demanda [de gas natural], mucha extensión geográfica y altos costos operativos, como Siete Regiones, debe ser la Garantía de Red Principal (GRP), usada con éxito en el proyecto Camisea y en el sector de transmisión eléctrica”, indica.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha tomado nota de esto, y es por ello que ha anunciado la revisión del reglamento de distribución de gas natural, con la finalidad de “recuperar la velocidad de lo que debería ser un proceso de masificación”.

Esto incluye la ampliación del Fondo de Inclusión Social Energético ( FISE) para conexiones de gas natural a nivel nacional y la implementación de una tarifa única (tarifa estampilla) para todas las concesiones.

Sin embargo, no ha tomado ninguna iniciativa para incentivar la producción de petróleo, que lenta e inexorablemente rueda por el despeñadero.

BALAS DE PLATA

“Lo real es que todo se ha hecho para que no se haga nada. Perú-Petro no funciona. El viceministerio de hidrocarburos no funciona. Los únicos que ganan con esta situación son los importadores de hidrocarburos”, indica Víctor Sanz.

Para salir de esta inacción, el IPIG&P propone incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas petroleras, las cuales se encargarían de operar pequeños campos productores de petróleo y gas, como los que existen en Talara.

“Esto funcionará con el incentivo de una ley y la posibilidad de que se adjudique un lote para ser trabajado, porque Perú-Petro se opone a negociar con empresas que no son Top 100”, apunta Morales.

Por su parte, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) propone, como último recurso, la creación de un fondo que reconocerá a los contratistas petroleros un precio fijo de US$50 por barril (precio base) cuando el precio del commodity caiga debajo de dicho nivel.

Dicho fondo tendría como garante nominal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero Gonzales asegura que no se trata de un subsidio, porque el dinero no saldrá de las arcas del Estado sino del sistema financiero, que lo prestará con cargo a garantías comerciales, como un activo en prenda o un factoring.

“Esta es la única opción que nos queda después de que fracasaron los lineamientos de Perú-Petro, como la postergación del pago de obligaciones para atenuar el efecto de la pandemia. Si no impulsamos esto, apagamos la luz y nos vamos”, concluye el especialista.

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