El futuro de los pulpines, por Gonzalo Carranza

La controvertida ley Bartra es el tercer intento en pocos años de legislar sobre el empleo juvenil, aunque esta vez desde el frente de la formación técnica. Previamente tuvimos la ley ‘pulpín’, un ambicioso intento de reforma laboral para jóvenes traído abajo por las protestas callejeras y la debilidad del Congreso de aquel entonces.

Luego, se empujó una versión mucho más light de reforma, promovida por el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, en la forma de un proyecto que subsidiaba el pago de Essalud por tres años para los trabajadores formales de entre 18 y 29 años de edad, pero la iniciativa quedó enterrada en la Comisión de Trabajo del Congreso, presidida por el Frente Amplio.

Más allá de los problemas de la ley Bartra (que los tenía, aunque estos fueron irresponsablemente exagerados por cierta prensa y por la izquierda) y de los proyectos precedentes, existen varias preocupaciones en torno de la situación laboral de los jóvenes que en algún momento deben ser resueltas.

El subempleo y la precariedad de las condiciones de trabajo en el segmento juvenil son más acentuadas que en el promedio, en especial en aquellos jóvenes que optaron por la educación técnica. Además, las tendencias recientes de desempleo y de empleo no adecuado entre los trabajadores con formación superior no universitaria son negativas.

Todo ello evidencia tres problemas sustanciales.

El primero es la mediocridad de nuestro crecimiento económico reciente, principalmente en los sectores intensivos en generación de empleo.

El segundo es la falta de políticas específicas para promover el empleo formal juvenil. Colombia es un ejemplo cercano de medidas ad hoc para reducir costos laborales con resultados positivos en formalización (aunque más modestos que las exageradas expectativas iniciales de la gestión de PPK).

Y el tercero es el problema de la heterogeneidad en la calidad de los centros de educación superior.

La Ley Universitaria, con todos sus bemoles, generó una ola de atención hacia este problema en las universidades, pero no se registra aún el mismo interés de sectores con peso en la opinión pública en los institutos. Solo empeora la situación que muchos de ellos compitan con carreras similares a las universitarias, en lugar de enfocarse en su carácter eminentemente técnico.

En este último punto, las buenas intenciones que pudieron estar detrás de la ley Bartra terminaron siendo implementadas de la peor forma. Los estudiantes de institutos técnicos necesitan “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo” y es entendible que en algunos casos estas deban darse en empresas, pero con un carácter exclusivamente educativo.

Esto implica un programa curricular trabajado de la mano entre la empresa y el instituto, y la presencia permanente de tutores que guíen a los estudiantes como los viejos maestros acompañaban a sus aprendices.

Implementado de esta manera, el esquema de formación dual no desemboca en la supuesta “esclavitud” juvenil, sino en un costo que las empresas asumen a cambio de cerrar las brechas de talento técnico que enfrentan.

De hecho, si nos alejamos de los extremismos mediáticos y políticos, podemos vislumbrar en este tema una agenda común entre los jóvenes ‘pulpines’, necesitados de ‘chamba’, y la comunidad empresarial, que sufre para encontrar talento. Es hora de que esta última también levante la voz y plantee propuestas.

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