Keiko Fujimori detenida. El precio de los aportes fantasmas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, fue detenida ayer en la entrada de las oficinas de la Fiscalía de Lavado de Activos, en el Centro de Lima. Ella llegó a las 9:40 a.m. junto con su esposo, Mark Vito Villanella, y su abogada Giulliana Loza para asistir a una citación del fiscal José Domingo Pérez prevista para las 10 a.m.

Allí fue interceptada por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, quienes le comunicaron la orden de detención preliminar por diez días, dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la fiscalía por el caso de los presuntos aportes fantasmas a su campaña del 2011.

Según fuentes de este Diario, Fujimori respondió a los policías que se trataba de “un abuso”, que ella siempre había colaborado con la justicia y pidió que su esposo no fuera detenido. Él no estaba comprendido en la medida.

Minutos después, la ex candidata presidencial fue trasladada a la sede de la Diviac en la avenida España. Desde allí su abogada se comunicó con RPP para quejarse de la medida, a la que tildó de “abusiva, arbitraria y sin sustento”.

También Villanella, en los exteriores de la fiscalía, expresó que su esposa era víctima de una persecución política desde hace 18 años. Dijo que se trataba de “un exceso más” del fiscal y una “prueba más de su desesperación”, al no haber encontrado, según dijo, una sola prueba.

Lo que vino después fueron varias horas de diligencias. Keiko Fujimori pasó por la sede de Medicina Legal y por una audiencia de control de identidad ante el mismo juez Concepción Carhuancho en la Sala Penal Nacional de la Av. Tacna.

Minutos después de las 3 p.m., la ex candidata colgó en Twitter una carta de puño y letra en la cual afirma que es víctima de una persecución disfrazada de justicia, pero que estaba “con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”. Hace más de un año ella expresó su satisfacción con una resolución del mismo magistrado, cuando ordenó la detención preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. “El sistema judicial ha dado muestras de independencia”, escribió entonces.

Estará en una carceleta

Ayer, hasta los exteriores de las tres sedes donde ella estuvo llegaron sus simpatizantes, entre ellos la ex congresista Martha Moyano, quienes a gritos cuestionaban la decisión judicial.

Keiko Fujimori permanecerá estos diez días en una carceleta de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), cuyas instalaciones han sido cedidas en uso a la Diviac, y que hace unas semanas ocupó el empresario Antonio Camayo. El mandato de detención alcanza a otras 19 personas vinculadas al partido de Fujimori, entre ellos el ex ministro Jaime Yoshiyama, quien está fuera del país. Hasta anoche eran 11 los capturados, entre ellos el ex ministro Augusto Bedoya, cuyos abogados se excusaron de responder a las preguntas de este Diario.

En la resolución judicial también figura Marizol Valles, esposa del congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui, quien, según la hipótesis del juez, habría prestado su nombre para registrar aportes de campaña. Por la tarde, la bancada naranja expresó su respaldo a su lideresa argumentando nuevamente la “persecución política”, aunque evitaron señalar quién estaría detrás. También negaron que exista un peligro de fuga que amerite su detención.

La última visita que recibió Keiko Fujimori pasadas las 8 p.m. fue la de las congresistas Luz Salgado y Alejandra Aramayo, pero solo por cinco minutos.

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11 de octubre de 2018

Las claves del pedido de detención

Por Karem Barboza Quiroz

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue detenida ayer por orden del Poder Judicial dentro de la investigación que se le sigue por los aportes que recibió Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) en la campaña electoral de ese año, dinero que habría tenido origen ilícito.

Parte de la suma recibida —sostiene la resolución judicial emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez— procedería de la empresa brasileña Odebrecht, la que pretendía asegurarse los favores de diversos políticos, entre ellos Fujimori Higuchi, que por entonces competían por la Presidencia de la República.

A continuación, las claves que llevaron a la detención de la lideresa de FP.

1. Keiko Fujimori como cabeza de una presunta organización criminal y la búsqueda de poder

La fiscalía sostiene que Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas, es la cabecilla de una organización criminal que se formó al interior del partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).

La lideresa del partido habría creado dicha organización para obtener poder político de las instituciones del Estado y tener facilidad para cometer delitos, entre ellos el lavado de activos.

Según la hipótesis fiscal, Fujimori Higuchi, en calidad de presidenta de FP y en atención del artículo 41 del estatuto del partido político (que la faculta a remover de manera unilateral al secretario general de la organización y a los tesoreros), encargó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya solicitar dinero a la constructora brasileña Odebrecht.

2. Fuerza Popular y los aportes de Odebrecht.

Fuerza Popular es considerada por la fiscalía una organización criminal moderna. De acuerdo con la tesis del fiscal Pérez que fue acogida por el juez, por disposición de Keiko Fujimori dicho partido político recibió, transfirió y convirtió un total de US$1′200.000 de Odebrecht. De dicho monto, US$1 millón tendría procedencia ilícita.

3. La fiscalía sostiene que el aporte de dinero ilícito se dio a través de cocteles y por la modalidad del ‘pitufeo’.

Según las tesis fiscal, entre el 2010 y 2011, el dinero ilícito fue entregado a los amigos, familiares y correligionarios de los investigados que participaron en cocteles o adquirieron boletos de la denominada “gran rifa”. Se detectó que a través de la modalidad del ‘pitufeo’ (entregas de dinero en pequeñas cantidades) se habría hecho pasar dichas sumas como aportes a la campaña. Además se habría suplantado a 114 personas que son consideradas aportantes falsos. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dice el fiscal, emitió documentos de conformidad a los informes que presentó FP para justificar los aportes. Por ello, también se cuestiona el papel de algunos funcionarios, específicamente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.

4. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y las llamadas telefónicas.

Para fundamentar el pedido, se acogió como elementos probatorios las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, quienes declararon que habían aportado dinero a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Esto habría quedado reflejado en la anotación ‘Aumentar Keiko 500’ que fue hallada en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Además, se identificaron dos llamadas telefónicas entre Jorge Barata y el ex secretario de FP Jaime Yoshiyama.

5. Testigos claves y aportantes negaron que habían entregado dinero.

La orden judicial hace referencia a declaraciones de testigos claves y colaboradores eficaces, como los CE 2018-2 y TP 02-2018, quienes habrían confirmado los falsos aportes. Entre los casos analizados por el magistrado está el de Marizol Valles Chong, esposa del congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui. Ella aseguró haber aportado S/27 mil a través de su contadora Micaela del Águila Vela. Sin embargo, esta lo negó.

También se recoge la declaración del colaborador 2018-1 quien sostuvo que, en mayo del 2011, el ahora congresista Reátegui llegó al restaurante El Dorado, en Tarapoto, y solicitó a un grupo de personas que firmaran “unos recibos como aportes de campaña” por haberse excedido en los gastos de la contienda del 2011. El colaborador sostiene que hasta el cocinero del restaurante firmó un recibo en blanco.

En diálogo con El Comercio, Reátegui dijo que “son falsas afirmaciones”. “Yo fui a hacer política como todo candidato al Congreso, pero dada la persecución todo lo que yo pueda decir será usado en mi contra”, agregó.

6. La detención como medida preventiva y el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto

Según la resolución, la detención preliminar se hace necesaria como una medida preventiva, ya que, a través de la organización criminal, Keiko Fujimori habría logrado tener influencia e interferencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Como muestra de ello, se señala el informe que emitió la fiscal contra el crimen organizado Sandra Castro, que investiga a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. En dicho informe se recogen las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Antonio Camayo, quien aseveró que Keiko Fujimori habría tratado de influir en el Caso Cocteles a través del ex juez supremo César Hinostroza.

7. Peligro de obstrucción y fuga

De acuerdo con la resolución, Fujimori Higuchi no tendría arraigo laboral (por no tener trabajo conocido) y pese a tener familia, su vivienda es alquilada. Por ello y con la ayuda de la organización criminal, indica el juez, podría eludir la justicia.

A ello –señala la resolución– abonó su falta de colaboración con las investigaciones, pues no asistió a dos citaciones y obstruyó el allanamiento a un local de Fuerza Popular en el 2017.