Editorial: Dejar sin efecto (otra vez)

La credibilidad de la que goza una nación se fortalece o debilita con cada decisión que toma el gobierno de turno sobre los compromisos asumidos como Estado, aun cuando estos provengan de una administración anterior. En un país como el Perú, en donde es urgente transmitir mayor confianza para reactivar la inversión privada –que ha caído por tres años consecutivos–, esta es una verdad que deberían tener presente nuestras más altas autoridades.

Durante sus primeros 10 meses de gestión, sin embargo, la confianza y la consistencia entre lo que se anuncia y lo que finalmente se hace no han sido precisamente los mayores valores del actual Gobierno. No solo por las reiteradas ocasiones en las que una declaración apresurada del presidente tuvo luego que ser enmendada o “interpretada”, sino, sobre todo, por las veces en que el Ejecutivo ha terminado haciendo algo diametralmente distinto a lo que inicialmente proclamó.

El caso más reciente de este proceder errante ha sido el galimatías tejido respecto al contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (firmado durante la administración de Ollanta Humala) y su adenda (suscrita durante la gestión de Martín Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Como se recuerda, ante el elevado costo del financiamiento de la obra, propuesto por Kuntur Wasi, el Gobierno planteó la adenda como alternativa de solución. Sin embargo, so pretexto de la exhortación de una comisión del Congreso, el Ejecutivo decidió suspender la firma de la adenda un día antes de la fecha programada. En aquella oportunidad, empero, el propio presidente Kuczynski, en un mensaje a la nación –con plumón y pizarra de por medio–, defendió la adenda con la cual quedaría “saneado el proyecto” de Chinchero.

Al cabo de unos días, se suscribió la adenda y en una ceremonia pública se colocó la primera piedra de la construcción… pero no hubo segunda. A raíz de cuestionamientos de diversas bancadas opositoras en el Congreso y el anuncio de un próximo informe de la contraloría y de una moción de interpelación al entonces ministro Vizcarra (que se celebraría varias semanas después debido a las emergencias de El Niño costero), el MTC y el concesionario (Kuntur Wasi) acordaron suspender el inicio de las obras.

Pues bien, el 21 de mayo último –la noche previa a que la contraloría evacuara su informe– Vizcarra comunicó en un programa televisivo que se había decretado “dejar sin efecto” tanto el contrato como la adenda, al no contar con “el respaldo ni de los grupos políticos ni de la propia contraloría”. Una decisión que sumió al gobierno en más problemas, pues el anuncio, sumado a la abrupta renuncia de Vizcarra al día siguiente, se convertía en una señal inequívoca de debilidad política. Y desde el punto de vista legal y económico, se empezaba a vislumbrar un escenario nada favorable para el Estado Peruano en un eventual arbitraje internacional por la resolución unilateral de un contrato.

Tres días después, no obstante, aparecieron las huellas iniciales de una nueva contramarcha. El primer ministro Fernando Zavala reconoció que, además de la resolución unilateral del contrato del aeropuerto de Chinchero, existía la posibilidad de una resolución por mutuo acuerdo o una renegociación. Y este martes, la nueva cabeza del MTC, Bruno Giuffra, anunció que se había acordado “ampliar [por tres meses] el plazo de suspensión de la adenda […] para tener la libertad de poder conversar e intercambiar las líneas maestras de negociación”. En otras palabras, y al menos por el momento, se dejó sin efecto la decisión de Vizcarra de “dejar sin efecto” contrato y adenda.

La vacilante actitud del Ejecutivo lleva entonces a pensar que no tiene un rumbo claro sobre el futuro del aeropuerto de Chinchero o, si lo tiene, este ha quedado oculto tras la nebulosa política que el propio gobierno ha contribuido a formar. Y que cuando finalmente se llegue a una solución, esta siempre corra el riesgo de sufrir adendas o, peor aun, ser dejada sin efecto.