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El gobierno ordenó la desactivación del equipo de policías que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Ese equipo allanó el domicilio de la presidenta Dina Boluarte y encontró evidencias sobre los relojes Rolex y las pulseras de brillantes.
Después de la intervención, el coronel Harvey Colchado, jefe del equipo y de la Diviac, fue suspendido. El caso tendría relación con la detención del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.
El hermano ha sido detenido en forma preliminar por una investigación sobre nombramiento ilícito de prefectos y subprefectos en el interior del país. Junto con él ha sido detenido el abogado Mateo Castañeda, defensor legal de Dina Boluarte.
Según la investigación de la policía, Castañeda habría ofrecido tratos ilícitos a Colchado para favorecer los casos de los hermanos Boluarte. En esta versión llama la atención la ingenuidad extrema de la supuesta iniciativa delictuosa.
Un testigo protegido afirma haber hablado con un policía no identificado. Según esa referencia, el jefe de Inspectoría de la PNP habría recibido órdenes expresas de la presidenta Boluarte para “buscarle la sinrazón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben”.
La finalidad de esas supuestas órdenes presidenciales sería que “le abran procesos, y que, si no tiene, que le creen, y en diciembre de este año le den de baja de la policía”.
Horas antes de la detención de Nicanor Boluarte, el jefe actual de la Diviac, Franco Moreno, fue convocado a Palacio de Gobierno. Poco después, se disolvió el equipo especial de policías de apoyo al Eficcop.
El vocero de la presidencia, Fredy Hinojosa, ha dicho que no hay interferencia del Gobierno en la Diviac. Ha agregado, sin embargo, que la visita de Moreno a Palacio fue “estrictamente institucional” y que se abordaron “asuntos gubernamentales”.
La respuesta aumenta la sospecha. Ningún policía tiene que ver asuntos “gubernamentales” en Palacio de Gobierno. Lo más grave de la investigación sobre Nicanor Boluarte es, sin duda, la reacción de su hermana, la mandataria, al tratar de neutralizar la capacidad operativa de esta unidad policial.
La Fiscalía de la Nación ya abrió investigación a la presidenta Boluarte por estos hechos y dichos. Falta corroborar los dichos, pero los hechos son indiscutibles: la decisión del Gobierno de desactivar al equipo de policías que allanó la casa de Dina Boluarte.
Ante una acusación tan grave, la presidenta –y no un vocero– debe responder.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
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