Seis medidas para retomar el rumbo de reducción de la pobreza en el corto plazo

Los últimos datos sobre la pobreza en nuestro país evidencian una realidad alarmante: nos hemos desviado del rumbo de reducción sostenible de la pobreza, camino que estábamos siguiendo exitosamente en las últimas décadas. El porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 25,9% en el 2021 a 27,5% en el 2022, el incremento más alto desde el 2005 sin contar la pandemia. Así, hoy tenemos 628 mil personas pobres más que en el 2021.

Para hacer frente a este desafío a largo plazo, es fundamental centrarse en el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica, la paz social y políticas de protección social adecuadamente diseñadas. Sin embargo, estos elementos requieren tiempo para evidenciar su impacto. Por lo tanto, además de establecer bases sólidas para acciones de largo plazo, resulta crucial implementar medidas inmediatas que permitan una reducción rápida de la pobreza.

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Las realidades de las áreas urbanas y rurales son muy diferentes y requieren de medidas específicas que se adapten a cada contexto. En el área rural, los hogares se enfrentan a desafíos estructurales, como la falta de servicios básicos, infraestructuras deficientes y una limitada conexión con el mercado. Estas barreras dificultan el desarrollo de la población rural, limitando el acceso al empleo y las mejoras en su calidad de vida. Para cerrar estas brechas, se requieren soluciones a largo plazo que se basen en agendas políticas estratégicas. En el área urbana, las medidas más efectivas para reducir la pobreza en el corto plazo son aquellas diseñadas para abordar las causas que han provocado su incremento en el último año: alta inflación, falta de empleo de calidad y ausencia de inversiones en proyectos y actividades económicas que impulsen el crecimiento y la expansión empresarial.

Proponemos seis medidas que podrían implementarse de manera inmediata para retomar el camino de reducción sostenible de la pobreza:

1. Ajustar el incentivo económico del programa Juntos. Este programa ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza rural en la últimas décadas. Sin embargo, durante el 2022 se observó un aumento de 2,5 puntos porcentuales en la pobreza extrema de las zonas rurales, lo que probablemente se deba a que la elevada inflación está limitando la efectividad de este programa. A pesar de que los precios han aumentado 70% desde el 2005, la subvención de Juntos se ha mantenido constante. Para compensar esto, se debería aumentar el incentivo económico de S/200 a S/340 bimestrales, lo cual representaría un costo anual de menos de 0,1% del PBI. Hacia adelante, se debería evaluar un mecanismo de actualización que ajuste de manera automática el monto.

2. Mapeo de población vulnerable frente a un posible Fenómeno el Niño (FEN). Dado que los hogares de bajos ingresos son más vulnerables a desastres naturales, es crucial que el Gobierno implemente medidas para evitar las consecuencias que un eventual FEN podrían tener. Se debe realizar con anticipación un registro de potenciales damnificados para direccionar de manera oportuna las transferencias a las poblaciones más afectadas en caso se de el FEN. Este se debe basar en la información que ya se tiene sobre zonas más vulnerables.

3. Aprovechar los avances del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) para hacer intervenciones tempranas y masivas de limpieza de ríos, drenes y drenajes, desfogues y defensas ribereñas. En lugar de transferir recursos a los gobiernos subnacionales –que hasta la fecha solo han ejecutado el 23,8% del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres–, se debe aprovechar la experiencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con el mecanismo de G2G. En aquellos ríos y quebradas en los que se están desarrollando soluciones integrales bajo el acuerdo G2G, los contratistas deberían encargarse de las intervenciones temporales, ya que cuentan con ventajas logísticas por estar en la zona, tienen los estudios avanzados de la misma y manejan esquemas ágiles de contratación.

4. Priorizar el gasto público en inversiones productivas, como la inversión pública en infraestructura, y en gasto social focalizado. Estas intervenciones tienen un mayor impacto en la economía y no generan inflación. En particular, se debe fortalecer el programa Qali Warma que asegura la provisión de alimentos en escuelas públicas, especialmente en un contexto de inflación impulsada por impactos en la oferta de alimentos e insumos alimenticios. Además, es necesario evitar la aprobación de políticas que puedan generar presiones inflacionarias adicionales. Por ejemplo, la aprobación de incrementos salariales públicos no vinculados a aumentos de productividad, nuevos retiros voluntarios de las AFP o bonos no focalizados.

5. Evitar la aprobación de normas laborales perjudiciales. Esto es crucial para fomentar la confianza empresarial y no obstaculizar la creación de empleo de calidad. El sector privado juega un papel fundamental en el proceso de recuperación económica y creación de empleo formal. En particular, es clave no subir el salario mínimo en este contexto, no solo porque desincentiva las contrataciones formales debido a la baja productividad de la mayoría de empresas peruanas, sino que además podría desencadenar presiones inflacionarias adicionales. Asimismo, sería una buena señal para el sector privado la eliminación de medidas recientemente aprobadas como los límites a la tercerización, medidas que inclinan la balanza hacia los sindicados, etc.

6. Aprobar en el pleno del Congreso el esquema de subsidio al empleo juvenil formal. Si bien el Ejecutivo presentó en octubre del año pasado el Proyecto de Ley, el Legislativo aún no ha debatido la propuesta. Es clave promover activamente la participación de los jóvenes en el mercado laboral formal, pues tienen trabajos menos estables (el porcentaje de jóvenes con contrato a plazo fijo es 10 p.p. mayor que el de adultos), además, son el rango de población con mayor tasa de desempleo. Finalmente, adicional a la aprobación del subsidio, el Congreso debería incorporar un mecanismo de evaluación de impacto periódico para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.