Dina Boluarte: PJ evaluó pedido fiscal para confirmar incautación de relojes Rolex y pulsera

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó este jueves 2 de mayo el pedido de la fiscalía para que confirme la incautación de tres relojes Rolex y una pulsera dorada como parte de la investigación a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. El Comercio ya informó que tanto la mandataria como la autoridad regional se oponen a la medida.

Durante la audiencia, fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza enfatiza que Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima cambiaron de versión sobre los Rolex y las joyas. “Hay serios indicios de que estos bienes fueron entregados como beneficio”, remarca. En tanto, abogado de autoridad regional, Humberto Abanto, afirma ahora que dos de los Rolex incautados son de propiedad de su hijo.

Mira aquí la audiencia:

Mira aquí la primera parte de la audiencia:

Sigue aquí los detalles de la audiencia:

11:15 horas

El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, afirma ahora que dos de los Rolex incautados son de propiedad de su hijo y solo uno es del gobernador de Ayacucho

10:50 horas

10:25 HORAS

Durante la audiencia, fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza precisa que Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima cambiaron de versión sobre los Rolex y las joyas. “Son las propias versiones dadas que nos llevan a un escenario de incredulidad [...] Hay serios indicios de que estos bienes fueron entregados como beneficio”, enfatiza.

Las cuatro joyas son de propiedad de Wilfredo Oscorima y son las que, según han declarado ambos, él prestó a la presidenta. Se trata de tres relojes Rolex (un Datejust acero oystersteel y oro everrose, un Datejust silver diamond y un Day-Date President) y una pulsera Bangle.

El primer reloj figura como comprado en el Perú a través de la Casa Banchero, un modelo que actualmente está valorizado en US$ 11,800; mientras que los otros dos figuran como adquiridos en el extranjero a través de Jomashop, tienda con sede central en Nueva York (Estados Unidos). Allí están valorizados en US$ 24,500 y en US$ 20 mil, respectivamente.

Finalmente, la pulsera ‘Bangle brillantes’ también figura como adquirida en la Casa Banchero. En esa tienda, las pulseras de ese tipo están valorizadas entre 5 mil y 9 mil dólares.

10:20 horas

Al sustentar su requerimiento, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza remarca que los tres rólex, la pulsera Bangel y los aretes dorados que habría dado Wilfredo Oscorima a Dina Boluarte serían el “cuerpo del delito” de cohecho, atribuido a la presidenta.

10:15 horas

El pasado 10 de abril, el defensor legal de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, acudió a la Fiscalía de la Nación para exhibir las joyas. Durante la diligencia, la fiscalía le consultó al abogado si accedía a entregarlas, pero él dijo que no tenía autorización.

Ante ello, el Ministerio Público dispuso la incautación de las joyas por estar presuntamente ligada a hechos ilícitos bajo investigación. Ya en ese momento, la defensa de la presidenta manifestó su oposición. En ese tipo de casos, sin embargo, es necesario que la medida sea confirmada por el Poder Judicial.

Al día siguiente, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó su pedido para confirmar la incautación ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Se trata del mismo juzgado que previamente autorizó el allanamiento a la casa de la presidenta por este mismo caso. En tanto, las joyas fueron lacradas y puestas en custodia en el Banco de la Nación.

El juzgado notificó de la solicitud a la defensa de Dina Boluarte, como investigada, y a la de Wilfredo Oscorima, como propietario de las joyas. Además, les dio un plazo para que respondan por escrito, en caso se opongan a que se confirme la incautación.

Según conoció El Comercio, la defensa de Dina Boluarte respondió con un escrito el pasado 16 de abril. A través de ese documento, solicitaron que se rechace la confirmación de la incautación de las joyas y pidieron que se convoque a una audiencia para debatir el tema.

La defensa de Wilfredo Oscorima hizo lo propio con un escrito presentado el 18 de abril. El abogado Humberto Abanto, que había adelanto a El Comercio el día de la incautación que se iba a oponer, ratificó su postura.

“Por supuesto que nos hemos opuesto. Es un insulto atribuir a quien exhibe voluntariamente bienes en discusión que se dispone a sustraerlos de la acción de la justicia”, declaró el abogado a este Diario ante una nueva consulta.

Ante esas respuestas al requerimiento de la fiscalía y por la “transcendencia del mismo”, el juzgado accedió a convocar una audiencia pública para evaluar el tema. La sesión se realizará de forma virtual y ha sido programada para el próximo jueves 2 de mayo desde las 10:00 a.m. Se espera que sea transmitida por Justicia TV.