Dina Boluarte investigada por fiscalía: ¿qué consecuencias penales tendría la eliminación del equipo policial del Eficcop?

La decisión del gobierno de Dina Boluarte de eliminar el equipo de la Policía que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ya tiene sus primeras consecuencias penales contra la presidenta.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, inició este viernes una indagación preliminar contra Dina Boluarte por la disolución del grupo policial. La medida había sido emitida por el Ministerio del Interior en la víspera a que el Eficcop ejecute la detención preliminar de su hermano, Nicanor Boluarte, y de su abogado, Mateo Castañeda, como parte de una investigación por organización criminal.

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Las diligencias se realizarán a través del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público y también incluirán al ministro del Interior, Walter Ortiz. Será por dos presuntos ilícitos: encubrimiento personal (delito contra la administración de justicia) y abuso de autoridad (delito de corrupción).

En el primero, la fiscalía le atribuye el rol de presunta instigadora del delito; mientras que al ministro se lo señala como autor. Fue él quien, el último jueves, firmó la resolución que desactivó al grupo policial que venía indagando al hermano de la presidenta. En cuanto al segundo delito, ambos son señalados como coautores.

El delito de encubrimiento real por el que se investiga a la presidenta sanciona a quien “sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia”, con entre tres y seis años de prisión. Pero si el autor es “funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente”, la pena es de entre 10 y 15 años de prisión.

En tanto, en el delito de abuso de autoridad se sanciona hasta con tres años de prisión a quien, “abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”.

El viernes por la noche, la fiscalía efectuó el anuncio a través de un comunicado. Minutos antes, en una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, defendió la decisión de disolver el equipo especial y negó que desde el gobierno se entorpezca la labor de la fiscalía o del Poder Judicial.

Más temprano, en paralelo al operativo donde se detuvo a su hermano y su abogado, Dina Boluarte dio un discurso en un evento del Ministerio de Justicia. Allí dijo: “No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia”.

Distintos penalistas consultados por El Comercio consideraron que los hechos justificaban una investigación preliminar de parte del fiscal de la Nación. Al ser una funcionaria con antejuicio (inmunidad), la presidenta no puede ser investigada por el Eficcop, sino solo por el titular del Ministerio Público.

El penalista Andy Carrión consideró que ambos hechos, los que forman parte de la investigación del Eficcop y la disolución del equipo especial, deben ser considerados para la investigación a Boluarte. A su critero, esta podría ser por obstrucción a la justicia y otros posibles delitos, como tráfico de influencias e incluso organización criminal.

“Ella habría dado la anuencia para que su abogado pueda usar el aparato estatal [...] Eso es interferir en la investigación”, dijo a El Comercio. “[La desactivación del equipo policial]no se sustenta, más bien responde, si uno lee la resolución, a actos obstruccionistas que habrían buscado debilitar al grupo de policías. Lo sucedido el jueves sería solo la decisión final”.

Respecto al posible delito de organización criminal, el abogado remarcó que el esquema propuesto por la investigación del Eficcop en el caso de Nicanor Boluarte coloca a una figura no identificada por encima del hermano de la presidenta. Indicó que además de las diligencias de oficio del fiscal de la Nación, el Eficcop también podría elevar al fiscal de la Nación un informe con los hechos que investigan y que puedan comprometer a la mandataria.

La abogada Cecilia Madrid, profesora de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur, remarcó que para la investigación por abuso de autoridad tendría que verse cuál fue la conducta de la presidenta respecto de la decisión de la desactivación de la unidad policial.

“Si fue una orden emitida por su ministro, el autor sería a él. Y si lo hizo a pedido de ella, la presidenta podría ser instigadora, siempre que lo haya determinado seriamente a emitir esta orden. En este caso la orden no debe tener una justificación razonable para su emisión, pues de lo contrario sería un acto legítimo”, comentó.

Respecto al delito de encubrimiento personal, indicó que al no haberse logrado la sustracción de Nicanor Boluarte o Mateo Castañeda de la justicia, “únicamente podría ser una tentativa”. “La sola desactivación de la unidad policial no podria calificar como sustracción, debería haber otro acto de instigación para determinar al funcionario encargado de la investigación que sustraiga a su hermano de la investigación”.

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía coincidió en que hay elementos para una investigación por obstrucción a la justicia y también por abuso de autoridad. Indicó que el ministro del Interior tenía que ser el primero en ser investigado por ser él mismo quien firmó la resolución ministerial que desactivó el equipo policial del Eficcop.

Gilmar Andía remarcó que un elemento importante a tener en cuenta para esta investigación es la visita del jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Franco Moreno, a Palacio de Gobierno el último martes. Como jefe de esa división policial, el coronel también estaba encargado de la coordinación del equipo policial del Eficcop.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Franco Moreno fue convocado por la presidenta y en la reunión se le pidió información sobre el caso de su hermano, a lo que él se negó. “Si eso se contrasta, estamos ante un caso en que se habría utilizado el poder político para desestabilizar una investigación que viene encaminada”, comentó Andía al respecto.

Sobre este punto, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, no respondió a preguntas sobre el motivo de la visita del coronel Moreno a Palacio de Gobierno. Solo destacó que el ingreso fue “transparente” por haber quedado registrado y refirió que se trataó de una visita “institucional”.