Nadine Heredia
Nadine Heredia
Karem Barboza Quiroz

La investigación contra la ex primera dama ha “madurado” y por ello su defensa está “nerviosa”, así lo aseveró el fiscal superior para casos de lavado de activos, Rafael Vela Barba.

El magistrado expresó dichos argumentos ante la Segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional, al rebatir el recurso de apelación a la tutela de derecho que presentó Heredia Alarcón para anular en segunda instancia la resolución que declaró improcedente su pedido para que las agendas sean excluidas de la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos.

A este pedido, denominado tutela de derecho, también se ha sumado el ex presidente Ollanta Humala.

El fiscal superior remarcó que las agendas “no son ilegales” y que su uso no ha vulnerado ningún derecho constitucional de la ex primera dama.

Es más, remarcó que a diferencia de lo que sostiene la defensa de Heredia, el juez de primera instancia sí analizó los elementos de convicción que debía sustentar el pedido de tutela de derecho “y no los encontró”.

“No han acompañado ningún elemento que demuestre que se afecten sus derechos fundamentales de la investigada”, sostuvo.

Vela Barba remarcó sí hubo una postura “obstruccionista” de parte de la investigada. Ello, explicó, porque un día después de denunciar el robo de sus agendas ante la 29 Fiscalía Penal de Lima, acudió a una diligencia de reconocimiento ante el fiscal que la investiga, Germán Juárez, y negó que sean suyas.

Finalmente, cuestionó el momento en que fue interpuesto el recurso de tutela. A decir del plazo, 36 meses después de haberse iniciado las investigaciones.

“En este momento la evolución de las investigaciones es bastante maduro ¿Por qué lo hacen ahora? Es por la madurez de la investigación que ha sumado una serie de elementos de convicción, que se han ido revelando y que genera profunda preocupación en la defensa de la investigada", dijo.

Defensa pide revisar agendas

A su turno, el abogado Wilfredo Pedraza, quien asume la defensa de Heredia Alarcón, cuestionó que el juez de primera instancia, Richard Concepción Carhuancho, haya sostenido que la investigada no demostró el hurto de las agendas, y por tanto no podían demostrar que estos cuadernos hayan sido incorporados ilegalmente a la investigación.

A consideración de Pedraza, “no se necesita probar el hurto". “Este juicio de valor nos parece insuficiente”, dijo.

El abogado recordó que las agendas desaparecieron de la propiedad de su patrocinada y terminaron en las manos del ex congresista Álvaro Gutiérrez.

“No hay especulación sobre el hurto. Lo cierto es que las agendas terminaron en la puerta de su oponente político”, dijo.

De otro lado, también cuestionó que uno de los argumentos para rechazar su pedido de tutela en primera instancia, es que se calificara de “obstruccionista” el comportamiento de su patrocinada al interponer la tutela.

“No es obstruccionismo, sino que es un recurso legalmente sustentado”, manifestó.

A su turno, el abogado Julio Espinosa-Goyena, alegó que el juez Concepción no se pronunció sobre las excepciones a la tutela de derecho, argumentación que estaba sustentado en su pedido.

Esto, dijo, lo había acreditado con las los casos Serpost, Linares, el Polo, Petroaudios; entre otros.

Finalmente, solicitó al tribunal revisar las agendas físicas a fin de determinar su contenido de carácter privado. “El 80% de estas agendas tiene información de carácter privado”, sostuvo.

Esto último, fue contrarrestado por el fiscal Rafael Vela, quien remarcó que manifestar que solo el 20% de la información de las agendas es relevante, “es arbitrario”.

“En todo caso, decir que solo es el 20%, demuestra fehacientemente la utilidad y la pertinencia de las agendas. Así sea el 1%, es necesario investigar”, concluyó.

La Sala, integrada por los magistrados César Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca y Jésica León Yarango, dejó al voto el pedido de Heredia Alarcón y Humala Tasso. Anunció que el caso será resuelto en el plazo de Ley.

Dato

El tribunal que analizará el pedido de Nadine Heredia, para declarar la ilegalidad de sus agendas, es el mismo que levantó la restricción para que la ex primera dama salga del país con autorización judicial.