Procuraduría denuncia a Edgar Tello por concusión: ¿Qué otros delitos se le pueden imputar?

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, la oficina de Daniel Soria, indica que Tello, como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento, habría “obligado” a sus subordinados a “otorgar ilícitamente diversas sumas de dinero bajo la apariencia de aportes voluntarios, condicionados a mantener continuidad como servidores” del referido poder del Estado.

La institución, además, remarca que los “supuestos aportes habrían tenido diversos fines entre estos el apoyo de carácter personal del congresista a comedores populares con utensilios de cocina”.

Fuentes de la PGE indicaron a El Comercio que no han abordado aún la solicitud hecha por Tello a la oficina Económica y Cultural de Taipéi de US$8.000 para comprar ollas, cocinas y cucharones, porque “ese tema aún no está muy claro”. Agregaron que se solicitará información más detallada, a fin de evaluar si cabe o no un denuncia por ese lado también.

En el programa “Punto final”, la funcionaria contó que como se negó a la reducción de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.

“Al mismo congresista le dije: ‘Esto es broma, ¿no?’. ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, manifestó.

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La trabajadora refirió que Tello intentó despedirla el 8 de mayo último, pero no lo hizo porque está embarazada. Sin embargo, la pasó de asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Es decir, le bajó el nivel jerárquico y de sueldo. Ante esta acción, ella presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“[Después de denunciar] a mí se me prohibió ir a los servicios higiénicos, tengo un video donde el mismo asesor lo dice, se me prohíbe tomar mis alimentos en la comisión, pese a que por prescripción médica tengo que tomar cinco alimentos al día. Se me toma fotos, en cada momento”, expresó.

También relató que, hace unos días, luego de encarar el acoso laboral, sufrió una descompensación y fue llevada de emergencia en una ambulancia a una clínica.

“Estoy con un grave estrés y en cualquier momento podría pasarme cualquier cosa, no solamente yo, también la vida de mi bebé. El parte médico dice que tengo un embarazo de alto riesgo, falso trabajo de parto”, agregó.

La funcionaria reveló que Tello obliga a los trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo a comprar cocinas, ollas y otros utensilios, que luego dona a comedores populares.

Dos extrabajadores parlamentarios también señalaron que el docente descuenta el sueldo a todo su personal. En un audio, un trabajador reconoce el recorte, pero dice que es voluntario.

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El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la PGE ha hecho bien en presentar una denuncia por concusión en contra de Tello, porque sí se cumple la figura penal. Recordó que este ilícito se aplica a aquellos funcionarios que abusando de su cargo obligan o inducen a otro a dar un beneficio patrimonial.

En diálogo con El Comercio, Maldonado indicó que la denuncia contra el congresista del Bloque Magisterial no es la única de su tipo en el actual Parlamento.

“Estamos viendo un patrón criminal, es un método copiado entre congresistas y no descartaría que hasta coordinado”, expresó.

El ex abogado del Estado señaló que la Fiscalía de la Nación no debería descartar la posibilidad de investigar a una presunta red criminal en el Legislativo.

Maldonado, además, remarcó que el aparente donativo que solicitó Tello a la oficina Económica y Cultura de Taipéi podría encajar en el presunto delito de cohecho.

A su turno, el abogado penalista Andy Carrión dijo que si la Fiscalía de la Nación acoge el pedido de la PGE, podría sumar un presunto delito más contra Tello: el de enriquecimiento ilícito.

“A mí me extraña que en el caso de Michael Urtecho sí lo hicieron, pero [en estos últimos], no. El enriquecimiento ilícito sanciona a funcionarios que abusan de su cargo y aumentan su patrimonio y no lo pueden justificar. Si los congresistas obligan a sus trabajadores a darle dinero en efectivo o bienes, y mejorar su patrimonio, es un delito. Y no solo se debe investigar a Tello por ello, sino a todos los ‘mocha sueldos’”, expresó.

Carrión, de otro lado, señaló que la trabajadora que ha denunciado a Tello debe solicitar garantías, a fin de evitar amenazas como se han dado en otros casos.

Desde el Bloque Magisterial, el congresista Álex Paredes dijo que no ha tomado nota sobre la denuncia contra Tello. “Ayer me he perdido todos los dominicales, yo estoy en semana de representación. Pero de ser cierto, lo primero que hay que hacer es informarse, escuchar al parlamentario y luego podremos tomar una decisión”, complementó.

Al ser consultado sobre si la Comisión de Ética Parlamentaria debía abrir una investigación de oficio a su colega de bancada, Paredes dijo que “no”, y que “más bien la presidenta” de ese grupo [Karol Paredes, de Acción Popular] “debe responder por sus actos con Marrufo”.

También se pronunció en contra de que Tello sea separado de la presidencia de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

“Lo que tiene que hacerse primero es tomar nota de los hechos, no que lo que diga el periodismo termine siendo verdad absoluta, sino para qué existe el Congreso, las comisiones, las instancias. Acá parece que lo que dice un programa dominical va a marcar lo que hace una comisión, mejor que contraten a los periodistas [en el Legislativo]”, subrayó a este Diario.

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Paredes dio a entender que la denuncia de la trabajadora sería en represalia porque Tello la trasladó a otro puesto con menor remuneración.

“El informe [periodístico] es una parte, nosotros tenemos que preguntarle a Tello sobre la situación, las personas que trabajan en un despacho [o comisión] saben cuál es su condición, probablemente cuando un congresista decide prescindir de sus servicios aparecen este tipo de hechos. Y es potestad del despacho congresal [el cambio de puesto]”, acotó.

Por su parte, el parlamentario Óscar Zea (Bloque Magisterial) dijo, a título personal, que su bancada no se puede oponer a ninguna investigación a Tello.

“No hemos conversado aún, estamos en semana de representación, seguro nos van a convocar a una reunión virtual. Las investigaciones siempre son bienvenidas, no nos podemos oponer. La Comisión de Ética y la fiscalía deben proceder como lo han hecho con los otros congresistas denunciados [por recorte de sueldo]”, refirió a El Comercio.

Tello, a través de un pronunciamiento, negó la denuncia de recorte de sueldo y hostigamiento laboral.

“Desde el inicio de mi gestión como parlamentario cierto sector de la prensa ha venido difundiendo información tendenciosa que no se ajusta a la verdad sobre mi trabajo como parlamentario”, afirmó.

El congresista del Bloque Magisterial intentó desacreditar a la trabajadora que lo denunció, al señalar que le ha tolerado múltiples faltas laborales internamente.

“Pese a ello, por ser una madre gestante se le ha considerado la permanencia en la comisión que presido obteniendo el cargo como auxiliar. Sin embargo, ella ha faltado a la verdad ante el medio de comunicación, tomando como un acto de represalia para denigrar mi imagen como parlamentario”, dijo.

Este Diario intentó comunicarse con la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes (Acción Popular), pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

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En la actualidad, el Ministerio Público investiga a las congresistas Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), María Acuña Peralta (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (no agrupada), y María Cordero Jon Tay (no agrupada) por el presunto delito de concusión. Esto luego de que sus trabajadores las denunciaran por recorte de salarios.

La Comisión de Ética del Parlamento, además, de estos caso ha abierto pesquisa a José Arriola e Hilda Portero, de Acción Popular, por recortar el sueldo de sus trabajadores para realizar donaciones a nombre de sus despachos.