Patricia Benavides y Patricia Chirinos habrían coordinado actos ilícitos, según la fiscalía

Una vez que dicha red criminal logró consolidar la selección de Benavides Vargas como fiscal suprema, esta habría utilizado al Ministerio Público, en su rol de fiscal de la Nación, para sostener a dicha organización ilícita y beneficiar a sus integrantes.

(Patricia Benavides) Como parte de dicha organización criminal, habría direccionado y coordinado tareas destinadas a cometer atentados contra la administración pública - corrupción de funcionarios (cohecho, tráfico de influencias, peculado, etc.) y otros delitos conexos, con la finalidad de beneficiar no solo a la organización y a sus integrantes, sino a su entorno más cercano”.

Delia Espinoza, fiscal suprema titular.

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Además, el fin criminal se extendió a otras instituciones como el Congreso, donde habría tenido como una de sus principales operadoras a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien fue comprendida en la denuncia constitucional obtenida por El Comercio.

El documento será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá determinar su procedencia, través de un proyecto de calificación, y, de ser aprobado, se delegará el caso a uno de los miembros de dicho grupo de trabajo para que continúe con el proceso.

Según la DC, fue aproximadamente en diciembre del 2021, cuando comenzaron a llevarse a cabo las gestiones entre los integrantes de la red criminal para que la investigada Liz Benavides Vargas acceda al cargo de fiscal suprema.

Luego de ello, la red criminal buscaría consolidar la permanencia de Benavides Vargas dentro de la entidad. Ello, con la intensión de que esta les brinde sostenibilidad y así pueda beneficiarlos.

Así, cuando Benavides fue electa fiscal de la Nación habría utilizado el rol constitucional del Ministerio Público al ser el órgano de persecución e investigación del delito.

“La presunta red de corrupción que habría establecido la organización criminal en el Ministerio Público, habría utilizado esta institución como una plataforma para brindar sostenimiento al objetivo central de la misma, que habría sido la consolidación de Liz Patricia Benavides Vargas en la posición de poder a fin de obtener beneficios para los miembros de la organización y para terceros aprovechando indebidamente la facultad constitucional del Ministerio Público.”

Delia Espinoza, Fiscal Suprema Titular

Para lograr la finalidad delictiva “habría diseñado un programa secuencial y articulado teniendo dos dimensiones de interés: el interno y el externo”.

De esta manera, se habría articulado ilícitamente la función pública para su beneficio o el de sus integrantes, así como para favorecer a determinadas personas o grupos que estaban siendo investigados o tenían algún interés, realizando acciones tendientes a instrumentalizar los recursos del Ministerio Público para su beneficio y de su entorno.

Dichos actos ilícitos habrían implicado la comisión de diferentes delitos, como la compra de voluntades parlamentarias con decisiones fiscales que motivaran a los parlamentarios a votar en el sentido que interesaba a la presunta organización.

Incluso, se señala en la DC, cuando los casos fiscales no estaban en manos de Patricia Benavides se procuraba desplegar mecanismos indebidos ante las autoridades que tomaran las investigaciones.

Si tales decisiones no se encontraban a cargo de la máxima instancia de la institución (es decir de la ex fiscal de la Nación), se procuraba la misma ante la autoridad que tuviere que tomarla, para lo que no se escatimaba tener que allanar los procedimientos y mecanismos debidos. Aunado, a que valiéndose del cargo, habrían buscado obtener favores de otros miembros del aparato estatal e incluso de particulares.”

Delia Espinoza, fiscal suprema titular.

La DC también menciona como otros actos indebidos por parte de Benavides y su presunta red criminal “cúpula de poder” el contacto que tuvo con el abogado Eduardo Roy Gates para que patrocine a su hermana Enma Benavides -en un caso de corrupción- y, para ello, habría dispuesto que funcionarios de MP del área de imagen institucional, coordinen entrevistas con diversos medios de comunicación, para que el abogado brinde declaraciones en defensa de su hermana.

En el caso del congresista José María Balcazar Zelada, se habría dispuesto que el fiscal Elmer Ríos Luque viaje a la ciudad de Chiclayo a fin de entrevistarse con el personal fiscal con la finalidad de buscar el archivo de la investigación que tiene el parlamentario en dicha jurisdicción.

Sumado a ello, por disposición de Benavides, se habrían dado coordinaciones ilícitas con otros funcionarios públicos para concretar la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos, la elección de de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo y lograr la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La investigada Benavides también habría accedido a procesar la denuncia que presentó ante su despacho la congresista Patricia Chirinos contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima, con la finalidad de la ex fiscal de la Nación denuncie penalmente a los magistrados por haber emitido una medida cautelar a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Y, según la DC, la denunciada Benavides habría aceptado los requerimientos del partido Fuerza Popular a cambio de que esta bancada apoye la remoción de los integrantes de la JNJ.

“Debe resaltarse que la presunta organización criminal, que habría encabezado la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas, habría desarrollado un patrón de conducta delictiva reiterada en relación al uso indebido de los recursos personales del Ministerio Público para sus fines ilícitos particulares, pues si bien Jaime Javier Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza debían desempeñar sus funciones de asesores del despacho de la fiscalía de la Nación, éstos materialmente habrían sido operadores para concretar los presuntos actos delictivos”, señaló la fiscal suprema en su denuncia constitucional.

Toda esta actividad ilícita, señala la DC, se habría desarrollado como delitos concretos de una presunta organización criminal, que actuaría en función de un plan criminal.

En Denuncia Constitucional de la Fiscalía

Más hechos en contra de Patricia Benavides

1

Remoción de fiscales

La fiscal suprema Delia Espinoza también señala como presuntos actos ilegales realizados por Patricia Benavides, a favor de la red criminal o de terceros, el haber usado indebidamente sus facultades como Fiscal de la Nación, para separar a determinados fiscales del conocimiento de investigaciones presuntamente para favorecer a terceras personas con las cuales tendría vinculación directa o indirecta. Un caso fue el de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana Enma Benavides.

2

Condecoraciones indebidas

También en el ejercicio del cargo, habría participado en una ceremonia pública de condecoración por parte de un funcionario público que era objeto de investigación penal ante un órgano fiscal especializado; actuaciones que en su conjunto fueron objeto de cuestionamiento público.

3

Favorecimiento a Vegas Vaccaro

Patricia Benavides habría favorecido al fiscal Miguel Ángel Vegas Vaccaro, al elaborar un proyecto disponiendo que no habría mérito para procesarlo penalmente, pese a que fue denunciado por corrupción. Y, como fiscal de la Nación, lo benefició al nombrarlo como fiscal supremo provisional a cambio de presuntos favores ilícitos.

4

Obtención de información privilegiada

Según la DC, Benavides habría obtenido información privilegiada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través del abogado Hernán Garrido Lecca -proveniente presuntamente del abogado Guillermo Thornberry- respecto a la posible suspensión en sus funciones que se darían a razón de los procesos disciplinario en su contra.

5

Urgencia para remover a la JNJ

Debido a su posible suspensión que se aplicaría en su contra, se indica en la DC, Patricia Benavides habría buscado que, en la brevedad posible, se concretara la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pues si bien ante el Congreso de la República existían en trámite algunas denuncias constitucionales en contra de los citados integrantes, estas no tenían plazos definidos para el pronunciamiento de fondo.

Si bien el relato y conclusiones de la fiscalía suprema dan cuenta de diversos actos ilícitos que habría cometido Patricia Benavides, la denuncia constitucional se fundamenta en un hecho puntual: la presunta actuación ilícita que habría desplegado en coordinación con la congresista Patricia Chirinos para denunciar a los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de Lima por haber beneficiado con una medida cautelar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y así, en su momento, evitar su remoción.

Según la fiscal suprema Delia Espinoza, cuando la remoción de los integrantes de la JNJ se vio frustrada debido a la referida medida cautelar, Benavides - a través de su entonces asesor Jaime Villanueva- habría solicitado a la congresista Patricia Chirinos que presente una denuncia penal contra los magistrados de la referida sala superior Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich.

Para ello, habría dispuesto que en el interior de la fiscalía se elabore un proyecto de denuncia. Este documento, señala la DC, habría sido elaborado por el fiscal adjunto supremo Alvaro Abilio Castañeda Rojas y el exasesor Abel Hurtado Espinoza.

Luego, el proyecto de la denuncia fue enviado por Villanueva a la congresista Chirinos, quien la presentó como suya el 8 de noviembre del 2023, a través de la mesa de partes de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación.

Una vez que recibida la denuncia, Benavides habría dispuesto que el fiscal supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro -que en ese momento dirigía el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos- junto a la fiscal suprema adjunta Doris Beltrán, abrieran de manera célere una investigación contra los jueces de la sala constitucional.

Para sostener la denuncia constitucional, la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela concatenó diversas acciones de Patricia Benavides, sus exasesores y la parlamentaria de Avanza País, así como la presentación de documentos y llamadas telefónicas.

Según la DC, luego de conocerse que la propuesta de remoción de los integrantes de la JNJ había quedado suspendida por la medida cautelar otorgada por la sala judicial, el 7 de noviembre del 2023, la congresista Chirinos anunció, a través de sus redes sociales, que denunciaría a los jueces del tribunal.

Por ello, Villanueva llamó a Chirinos para decirle que Benavides le solicitaba que formule la denuncia contra los referidos jueces superiores. Sin embargo, en ese momento la congresista le habría indicado que sus asesores no estaban disponibles, por lo que el exfuncionario del Ministerio Público se ofreció a elaborar el documento y la congresista habría aceptado firmarlo.

“(…) y la primera con la que hablé y que aceptó fue Patricia Chirinos, solo que Chirinos me dijo que sus asesores no estaban o estaban de vacaciones, y me dijo que le mande la denuncia, y que ella ya la firmaba”.

Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides

Una vez que Chirinos habría aceptado presentar la denuncia, Villanueva se lo transmitió a Benavides Vargas, quien a su vez le indicó a su exasesor que haría que el fiscal supremo Álvaro Castañeda -a quien designó en el área de denuncias contra magistrados- elaborar un borrador de denuncia por el delito de prevaricato contra los jueces superiores. La redacción del documento también habría tenido la intervención del exasesor Abel Hurtado.

Es por ello que, durante el allanamiento a la vivienda de Hurtado, se incautó su celular donde se halló un documento en Word, en cuyas propiedades se señala “Contenido creado 7/11/2023 18:39″, denominado “denuncia penal_modelo”94, el cual correspondía a un modelo de denuncia por delito de prevaricato.

Además, en posesión de Hurtado se halló el archivo digital “Contenido creado 8/11/2023 10:38″ y “Guardado el 8/11/2023 10:38″, denominadological_Documents_0657denuncia 100 08.11″, de la denuncia penal sin haberse digitado el nombre del denunciante.

El documento correspondería al descrito por Villanueva como el proyecto de denuncia por prevaricato y abuso de autoridad que se elaboró en la Fiscalía de la Nación contra los jueces superiores.

El proyecto de denuncia que habría sido elaborado por Castañeda y Hurtado, señala la fiscalía, fue entregado a Villanueva quien, a su vez, se lo envió por WhatsApp a Chirinos y a la asesora de esta, Giuliana Castillo, con quien habría mantenido dos comunicaciones ese mismo 8 de noviembre entre las 8:56 y 10:19 de la mañana.

Por ello, entre las 10:38 am y las 11:31 am, Villanueva envió el documento a la citada parlamentaria, quien lo habría firmado y presentado ante la Mesa de Partes del Ministerio Público de manera virtual, a través del correo electrónico que le habría proporcionado el exasesor.

Y, a las 11:33 a.m, la congresista publicó en sus redes sociales que había procedido a presentar la denuncia contra los jueces superiores.

Según la fiscalía, este mismo 8 de noviembre a horas de la mañana, Villanueva -tal como lo ha declarado- había coordinado previamente con la entonces secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, para que esté atenta a la presentación de la denuncia que iba a formular Chirinos.

La versión fue confirmada por la misma Casique, quien ratificó ante la fiscalía, haber recibido la indicación de Villanueva respecto a la denuncia que presentaría Chirinos.

“(...) sí, Jaime Villanueva me avisó que Patricia Chirinos iba a presentar un documento”; luego cuando se le preguntó por qué medio le avisó que se iba a presentar la denuncia, señaló: “(...) me avisó a través de WhatsApp (..)”; también indicó en otra respuesta: “(...) me avisó el mismo día en la mañana”, “(...) no lo recuerdo pero fue temprano”. “(..), una sola vez me dijo que estuvieran atentos.”

Fiorella Casique, exSecretaria General de la Fiscalía de la Nación.

Esto, a fin de que el documento sea derivado inmediatamente a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos a cargo de Vegas Vaccaro para que se abriera investigación por disposición de Benavides.

Ello, según la denuncia constitucional, fue así. Y es que, el documento fue registrado el 8 de noviembre del 2023, a las 11:58:22 de la mañana, y el proveído firmado por Casique, derivándolo al despacho de Vegas Vaccaro a las 12:11:32 del mediodía.

Por tanto, señala la fiscal suprema denunciante, desde que ingresó la denuncia a las 11:31 a.m a la Secretaría General de la FN hasta las 12:11:32 que fue derivado al despacho de Vegas, “transcurrieron 40 minutos aproximdamente, lo cual es un tiempo sumamente corto, pese a que el documento estaba catalogado como de prioridad ‘normal’”.

“Dicha celeridad inusitada en su remisión evidenciaría que ello obedeció al presunto interés particular de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas”, advirtió la fiscal suprema Delia Espinoza.

Ello, no habría quedado allí. Se indica en la DC, que luego de haberse culminado con la elaboración del proyecto de denuncia, Villanueva habría hecho llegar el mismo a la Doris Beltrán -adjunta de Vegas Vaccaro- para que vaya avanzado con la disposición de inicio de investigación contra los jueces que iban a ser denunciados por Chirinos.

La denuncia, en el despacho de Vegas Vaccaro fue registrada a las 13:11 de la tarde de ese 8 de noviembre del 2023. Y, la disposición abriendo investigación contra los jueces, fue firmada a las 13:50 de la tarde de ese mismo día.

Según la tesis fiscal, la investigada Beltrán Espinoza habría coordinado con su coinvestigado Miguel Ángel Vegas Vaccaro para la elaboración de la disposición de inicio de investigación contra los jueces superiores, “en un periodo paralelo al ingreso formal de la denuncia”, pues habrían acordado con Benavides Vargas que esto debía producirse antes de las 14:00 horas. Para ese momento ya estaba programada la sesión del Congreso de debate y votación de la moción de remoción o no de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La inusitada celeridad, incluso, ha sido reconocida por el mismo Vega Vaccaro, quien en su declaración ante la fiscalía así que actuó así porque era un caso mediático.

En suma desde las 11:31 horas, tiempo en el que se registró el ingreso formal de la denuncia al Ministerio Público, hasta que se habría firmado la disposición de apertura de investigación a las 13:50 horas, transcurrieron 2 horas con 19 minutos; tiempo brevísimo que solo se explicaría por la presunta intervención de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas, quien habría efectuado coordinaciones con sus coinvestigados para el trámite célere de la denuncia, dado que habría tenido el interés particular en que con ello se concretara el debate y votación de la Moción de Orden del Día n.° 7565, para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, evitando así que pueda ser objeto de una medida disciplinaria en las investigaciones que se seguían en su contra en la precitada institución.”

Delia Espinoza, fiscal suprema titular.

Según la fiscal suprema Espinoza Valenzuela, las denunciadas Liz Patricia Benavides Vargas y Patricia Rosa Chirinos Venegas se habrían vinculado, a través de los asesores Jaime Javier Villanueva Barreto y Abel Hurtado Espinoza.

La fiscal precisó que Hurtado había trabajado con anterioridad en el Congreso de la República, desempeñándose luego como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa, es así que fue éste quien habría iniciado los vínculos con Chirinos Venegas’, presentándole a Villanueva Barreto.

"Mi camino está guiado por la independencia en mis decisiones. Como congresista, he cumplido mi deber con convicción, priorizando siempre el servicio a mi país. Nunca hubo algún interés personal de por medio ni respondí a alguna agenda. ¡No me van a intimidar, yo seguiré adelante con determinación!"

Patricia Chirnos, Congresista.

En su declaración ante la fiscalía, Chirinos ha reconocido haber intercambiado teléfonos con Jaime Villanueva y Abel Hurtado. Incluso, aseguró que Hurtado, “en algún momento me mandó una ayuda memoria” . “Sí lo conocí en el Hall de Pasos Perdidos, no podría dar una fecha exacta pero será antes de julio del 2023; se presentó como coordinador parlamentario (Abel Hurtado)”, respondió.

Al ser consultada por la fiscalía sobre Villanueva aseguró que lo conoció junto con Abel Hurtado en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República y que “fue un día cualquiera que caminaba por el Hall. Se presentó como coordinador parlamentario al igual que Abel Hurtado”.

Sin embargo, Villanueva, aseguró ante la fiscalía que fue Abel Hurtado quien lo presentó con Chirinos, puesto que ellos dos ya tenían una relación de confianza.

Hurtado, como se recuerda, trabajó como asesor parlamentario, entre 2016 al 2021, antes de llegar al Ministerio Público.

Este Diario se comunicó con la defensa legal de Benavides, pero se excusaron de pronunciarse. La congresista Chirinos tampoco respondió hasta el cierre de este informe (la noche del lunes 13 de mayo).

Este martes 14 de mayo, en sus redes sociales, Chirinos escribió lo siguiente: “No sigan con sus cuentos, porque yo no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie. Todas las DC y PL que he presentado, las he hecho por convicción, pensando en lo que es mejor para el país, sin ningún interés de por medio”.

En enero del 2024, también había negó haber cometido delitos y puntualizó que todas las denuncias constitucionales, proyectos y mociones que presentó lo hizo con “convicción, sin ningún interés de por medio”.

“Sigan buscando y rebuscando, que no encontrarán nada en mi contra. Reitero, no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie”, enfatizó.