Patricia Benavides: ¿Cuándo resolverá la Junta Nacional de Justicia la apelación a su suspensión?

El pasado 25 de enero se cumplió el plazo establecido por ley para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera la apelación que presentó Patricia Benavides en contra de su suspensión como fiscal suprema titular.

Como se recuerda, la JNJ aplicó la medida cautelar en contra de la ex fiscal de la Nación tras conocerse la investigación que señala que habría liderado una organización criminal al interior del Ministerio Público (MP).

Esto, luego de que su exasesor Jaime Villanueva, sometido a un proceso de colaboración eficaz, reconociera ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), haber operado en el Congreso por orden de Benavides para incidir y conseguir votos para la inhabilitación de la ex FN, Zoraida Ávalos; la remoción de los integrantes de la JNJ y la elección del defensor del Pueblo.

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El pasado 11 de enero, el pleno de la JNJ dejó al voto el recurso de apelación presentado por la ex fiscal de la Nación.

Según el Reglamento de la JNJ, tras la audiencia se tienen 10 días hábiles de plazo para resolver la impugnación.

Sin embargo, tras cumplirse la fecha ( 25 de enero), han transcurrido otros 15 días hábiles adicionales sin que haya pronunciamiento.

Desde la JNJ han indicado a El Comercio que en los próximos días ya se estaría resolviendo el recurso; y que la demora se debe a la “carga procesal” del miembro instructor que tiene el caso.

De confirmarse la medida, Benavides Vargas continuará suspendida en el cargo de fiscal suprema hasta el 6 de junio del 2024.

La suspensión fue aplicada como parte de un “proceso disciplinario inmediato” dispuesto en contra de Benavides Vargas por hechos vinculados a su exasesor Jaime Villanueva.

La JNJ decidió suspender a la exfiscal de la Nación, tras determinar que las investigaciones preliminares realizadas a fines del 2023, contra los exasesores de la Fiscalía de la Nación, Villanueva Barreto, Miguel Girao y Abel Hernández, daban cuenta de una red criminal que habría operado bajo el liderazgo de la entonces fiscal de la Nación.

Para ello, Benavides Vargas habría ofrecido archivar las investigaciones que tenía en su despacho contra diversos congresistas, a cambio de que estos emitan votos a favor de la inhabilitación de Ávalos Rivera, la destitución de la JNJ y buscar un defensor del Pueblo a su medida.

También habría removido de su cargo a la coordinadora del Eficcop, la fiscal Marita Barreto, al enterarse que venía investigando a sus asesores y realizaría un operativo de detención contra los mismos.

Para la Junta, dichas acciones habrían tenido como fin la designación de nuevos integrantes de la JNJ que favorezcan la exclusión de Benavides Vargas de las investigaciones disciplinarias seguidas en su contra por la JNJ, asegurando así su permanencia en el cargo hasta el año 2025.

Por ello, consideraron que la máxima autoridad del Ministerio Público habría incumplido los deberes de defender la legalidad, la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal y guardar conducta intachable.

Además, determinaron que con la remoción de la fiscal Barreto Rivera, habría incurrido en la prohibición de influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de las investigaciones que no estén a su cargo. Y, que en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal, entre otros hechos.

En la audiencia de apelación, la ex fiscal de la Nación rechazó liderar una red criminal y aseguró que la información y las conversaciones de WhatsApp entregadas por Villanueva habían sido “manipuladas”.

Para ello, presentaron un peritaje de parte sobre las comunicaciones que el exasesor habría sostenido con el agente “Roberto” con el que habría coordinado y le habría narrado cómo hacía para llegar a diversos congresistas.

Desde el 8 de enero, Benavides Vargas es investigada también por estos hechos, ante la Fiscalía Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza.

En este caso, se le comprendió bajo los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal (coautora), falsedad ideológica (instigadora), cohecho activo específico (autora), cohecho pasivo específico (autora), encubrimiento personal (autora), tráfico de influencias (instigadora) y encubrimiento real (autora).