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En los pasillos del Ministerio Público (MP), el ambiente intenta cambiar, tras el escándalo de Patricia Benavides y el uso político que sus asesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado Espinoza y Miguel Girao Isidro.
Tras aceptar la renuncia de casi todo el personal de confianza de Benavides, el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena ha designado a los funcionarios que lo acompañarán en su gestión.
Más de una decena de funcionarios fueron nombrados en los más altos puestos administrativos de la Fiscalía de la Nación, dos de ellos como ‘asesores del despacho de la Fiscalía de la Nación’. Se trata de los exfiscales Mervin Rosa Fernández de la Cruz y Eduardo Alberto Salas Torres, hasta donde El Comercio pudo confirmar.
Adicionalmente, se ha designado a funcionarios administrativos en otras áreas de gerencia o subgerencia del Ministerio Público.
Quiénes son los principales asesores del fiscal de la Nación
Mervin Rosa Fernández de la Cruz- Asesora del despacho de la Fiscalía de la Nación.
En febrero del 2022, renunció al Ministerio Público donde venía desempeñándose como fiscal adjunta del despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Entre agosto y octubre de 2023, fue contratada por el Jurado Nacional de Elecciones para brindar servicios en Derecho Constitucional y Penal, para el Despacho del Pleno 2 de dicha institución. Es abogada de la Universidad San Martín de Porres.
Eduardo Alberto Salas Torres-Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
En noviembre del 2022, renunció al Ministerio Público donde venía desempeñándose como fiscal adjunto provincial de Lima Centro, designado al 3 Despacho Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco. Previamente, laboró en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. En octubre del 2023 fue contratado por el Jurado Nacional de Elecciones para brindar servicios de asistencia legal especializada en Derecho Administrativo, Penal y Electoral para el Despacho del Pleno 2 de dicha institución. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Este Diario buscó comunicarse con Villena Campana para conocer cuál será la función que desarrollarán en su gestión los ‘Asesores del Despacho de la Fiscalía de la Nación’, cargos de confianza asignados a su despacho.
Previamente, desde el Ministerio Público indicaron que “se les dará un rol técnico”, pero que mayor explicación la harían cuando concluyan con todas las designaciones que tienen previstas.
¿Qué paso en el Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides?
Los cargos de confianza, como el de los asesores del despacho de la FN, habrían sido trastocados en su función con el afán de utilizarlos par fines ilícitos, según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que investiga a Villanueva, Hurtado y Girao.
Esa tesis también comparte la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien investiga a Benavides Vargas por siete delitos; entre ellos crimen organizado y tráfico de influencias.
Delia Espinoza
Titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos
"Hemos de precisar que, en efecto, Liz Patricia Benavides Vargas, junto a sus asesores, delineaban las diferentes estrategias tendientes a lograr sus objetivos en cada uno de los flancos que se le presentaban; así, mientras unos hacían llegar la disposición de apoyar a los parlamentarios en las investigaciones que pesaban sobre ellos, a cambio de los mismos votaran en favor o en el sentido que los diferentes temas que eran de interés de la organización"
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Así, los funcionarios públicos de alto rango del Estado -por estar adscritos y responder al despacho de la Fiscalía de la Nación-, habrían puesto en marcha un plan para la presunta organización criminal, realizando coordinaciones y reuniones con congresistas de la República para materializar las pretensiones de dicha red. Esto sería, la elección del Defensor del Pueblo [que se concretó], al inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera [que se concretó] y la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia-JNJ [cuyo debate y votación quedó en suspenso].
En el caso de Villanueva Barreto, fue designado como asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación desde julio de 2022 hasta febrero de 2023, posteriormente, desde marzo del 2023 hasta el día de su detención en noviembre del año pasado, desempeñó el cargo de Gerente Central del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
Según la fiscalía, al realizar una verificación y análisis del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con enfoque de Gestión por Resultados, dicho puesto laboral “no existía” en el documento en cuestión; pero se le había dado facultades para labores meramente administrativas y de gestión institucional interna.
En la realidad de los hechos sería un operador político en la sombra para asegurar y evitar cualquier amenaza que ponga el riesgo el poder y control que tendría Liz Patricia Benavides Vargas como titular del Ministerio Público, puesto que vendría realizando acciones incompatibles con su rol funcional como Gerente Central de la Fiscalía de la Nación, pues su actuar únicamente debió estar dirigido a realizar actividades únicamente administrativas y técnicas, y no de representación institucional en el Congreso de al República, pues para ello contaban con un coordinador parlamentario, evidenciándose su voluntad y conciencia para al ejecución de la conducta advertida”
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)
Similar situación ocurrió con Girao Isidro, designado como asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación desde julio de 2022 hasta febrero de 2023. Posteriormente, en marzo hasta fines del 2023, ocupó el cargo de gerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación.
Y Hurtado Espinoza fue designado como asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023; y posteriormente, se desempeñó como asesor de la Subgerencia de Bibliotecología del Ministerio Público.
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con enfoque de Gestión por Resultados
Los nuevos nombramientos de la gestión de Juan Carlos Villena
¿Quiénes son los asesores del fiscal de la Nación?
Roxana Victoria Cavero Uribe - Asesora de la Secretaría General de la FN
Trabajó como abogada senior de la Oficina de Asesoría Jurídica del MP, en el órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Integró la Comisión de Transferencia en la “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de la Gestión” de enero del 2024,
Es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene una maestría en Derecho Procesal y Solución de Conflictos.
Raphael Anaya Caldas - Gerente Central del Despacho de la Fiscalía de la Nación
Fue director encargado de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (abril 2023 - diciembre 2023), ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Administración de la Corte de Lima del Poder Judicial y asesor del área de Recursos Humanos de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). También fue jefe de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo de Foncodes y gerente general de la Sunafil. Es licenciado en administración por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega y tiene un Máster Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universitat Pompeu Fabra, de España.
Nicida Vela Ticlla - asistente de Gestión del Despacho de la FN
Trabajó como asistente de Gestión del Despacho de la Fiscalía de la Nación en el 2017, y en el 2022 y 2023. Antes de ello, estuvo en el Ministerio de Economía en la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales. Es contadora por la Universidad Privada San Juan Bautista.
Julia Medalid Cerna Andia- Asistente de Gestión del Despacho de la FN
Fue parte de la Brigada Anticorrupción de Proética, en 2016. Dos años después se postuló para el cargo de asistente administrativo en la Fiscalía del Callao, quedando ganadora. Es abogada por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega.
Miguel Alan Puente Harada - Gerente General del Ministerio Público
Se desempeñó como secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. Fue Jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, Responsable del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Laborales del Poder Judicial e Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de Sunafil. Abogado por la Universidad Católica Santa María (Arequipa) y tiene un máster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén (España).
Alfredo Navarro Portocarrero - Asesor de la Gerencia General
Previamente ya ocupaba el cargo de Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación, y Especialista Administrativo I del Ministerio Público, Academia de la Magistratura y especialista administrativo en Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Federico Villarreal.
Este Diario ha podido acceder a 14 resoluciones en las que el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, ha designado a funcionarios de alta dirección, entre ellos Mervin Rosa Fernández de la Cruz y Eduardo Alberto Salas Torres.
La primera fue designada a través de la Resolución de la FN Nro. 3719-2023-MP-FN y el segundo, a través de la Resolución de la FN Nro. 3718-2023-MP-FN, del 30 de diciembre del 2023. Ello, al encontrarse vacantes las respectivas plazas.
En ambos documentos se señala que la designación de los altos funcionarios fue a propuesta de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación por encargo del Despacho de la Fiscalía de la Nación, es decir de Villena Campana.
En sendas resoluciones se agrega que los perfiles fueron evaluados por la Oficina de Administración de Potencial Humano, y se concluyó que cumplían con los requisitos para ocupar los cargos de confianza.
“Es facultad del titular del Ministerio Público designar a los funcionarios que ocupan los cargos de confianza al amparo de lo señalado en el inciso I del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones-ROF-2018 del Ministerio Público, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3893-2018-MP- FN, de fecha 30 de octubre de 2018, y sus modificatorias”, se lee en los documentos.
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Además, en el cargo de ‘asesor de la secretaría general de la Fiscalía de la Nación’ nombró a Roxana Victoria Cavero Uribe; y como ‘asistente de gestión del Despacho de la Fiscalía de la Nación’ a Nicida Vela Ticlla y Julia Medalid Cerna Andia. La primera, a propuesta de la Secretaria General de la Fiscalía de la Nación y las dos últimas, a propuesta de la Oficina General de Potencial Humano.
Para el puesto de ‘Gerente Central del Despacho de la Fiscalía de la Nación’ y a propuesta de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación -que responde al despacho de Villena- se nombró a Raphael Anaya Caldas; mientras que, como ‘Gerente General del Ministerio Público’ a Miguel Alan Puente Harada.
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Puente Harada, a pedido del despacho de Villena también fue designado -en adición de sus funciones- en el puesto de secretario general de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación; y recientemente, también como secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (e), como representante técnico titular del Ministerio Público ante el Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia.
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Y, a propuesta de la gerencia general fue designado Alfredo Navarro Portocarrero como ‘asesor de la Gerencia General’; mientras que María Yamina de la Cruz Hernández, Erika Sales Cayetano, Daniel Roberto Nagata Aguirre, Paulo Cesar Palomino Acuña, Mario Saco Cabrera y Judit Maribel Purizaca Sánchez, fueron nombrados ‘asesores del Gabinete de Asesores de la Gerencia General’.
En otros puestos de confianza, el Ministerio Público nombró a Max Danny André Carrasco Rufasto: gerente central de la Oficina General de Logística; Carlos Rodolfo Pérez Hernández: asistente de gestión de la Gerencia General; y a Claudia Lizett Sánchez Quispe: asistente de gestión de la Oficina General de Potencial Humano.
Mientras que Javier Eduardo Landa Jurado, fue designado gerente de la Oficina de Administración de Potencial Humano; Trinidad Elena Maldonado Negrete, asesora de la Oficina General de Potencial Humano; Ana Belén Gamboa Saavedra, asesora de la Oficina General de Potencial Humano; y Ruth Evelyn Morales Rodriguez, subgerente de Remuneraciones de la Oficina de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios de la Oficina General de Potencial Humano.
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Además, Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco fue nombrada en la Oficina de Bienestar y Desarrollo de la Oficina General de Potencial Humano; Isabel Muñoz Guillén, subgerente de Recreación, Deporte y Cultura de la Oficina de Bienestar y Desarrollo Humano de la Oficina General de Potencial Humano; Mariela Lyda Mendoza Ortiz, subgerente de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal; y Maritza Angélica Montejo Rodriguez, subgerente de Evaluación y Control de la Oficina de Presupuesto de al Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Más nombramientos
Asesores del Gabinete de Asesores de la Gerencia General
1
María Yamina De La Cruz Hernández
Fue secretario de Confianza en el Poder Judicial, Especialista legal en Sunafil. Según Infogob fue candidata a regidora distrital en La Tanguiña (Ica) por el Partido Aprista, en 2010. Es abogada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
2
Erika Sales Cayetano
Previamente se desempeñó como funcionaria del Oficina General de Potencial Humano. Antes de ello fue como Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios-Suplente y Apoyo jurídico en el exConsejo Nacional de la Magistratura. Es abogada por la Universidad San Martín de Porres.
3
Daniel Roberto Nagata Aguirre
Apoyo Estadístico para el “Programa Presupuestal 0067 "Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia" del Poder Judicial, Asistente Técnico en la Corte Superior de Justicia de Lima. Es Licenciado en Administración y Gerencia por la Universidad Ricardo Palma.
4
Paulo César Palomino Acuña
Previamente se desempeñaba como Especialista Legal del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional en la Defensoría del Pueblo, Asistente en Función Fiscal de Lima y administrativo de apoyo en el Poder Judicial y Apoyo legal como coordinador de medidas cautelares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres.
5
Mario Saco Cabrera
Fue asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación en 2022, fue asesor del Congreso de la República-Cámara de Diputados, Jefe de proyecto del North America Services, apoyo en Dirección general de la Academia de la Magistratura. Es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Peruana de Las Américas.
6
Judit Maribel Purizaca Sánchez
Se desempeñaba como Asesora de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del MP. Fue especialista judicial de juzgado adscrita a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Es abogado po la Universidad Alas Peruanas.
¿Cuál debería ser el rol que deben cumplir los asesores de Fiscalía de la Nación?
Especialistas señalan que los asesores de la Fiscalía de la Nación deben desempeñarse en el marco de lo que indica la normativa, es decir en temas administrativos y apoyo a las labores de la FN, mas no volver a tener un rol político, como se hizo en la gestión de Patricia Benavides.
"En la actualidad, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial (Corte Suprema), hay un número superlativo de ‘asesores’"
Antonio Maldonado Paredes, Abogado y exprocurador ad hoc casos Fujimori/Montesinos.
El puesto de “asesor” en el Ministerio Público del Perú (MP), concretamente, el “Gabinete de Asesores” del despacho del Fiscal de la Nación (FN), está regulado en los Arts. 6, 7 y 8 del actual Reglamento Integrado de Organización y Funciones actual (ROF) .
Por ejemplo, coadyuvan a tratar y/o resolver temas de relevancia del despacho del FN. En el ámbito de las funciones propias del Ministerio Público, (ejercicio de la acción penal, defensa de la legalidad, etc.), diseñan recomendaciones o políticas de persecución penal y otros problemas de importancia institucional.
Ahora, las investigación que lleva el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICCOP, contenida en el proceso penal a cargo del juez Chávez Tamariz contra ex asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides y otros altos funcionarios del Ministerio Público, demuestra el grado de distorsión de las funciones ‘estándar’ de los asesores.
En un Estado de Derecho, la comisión de delitos o la realización de conductas antijurídicas, en el sentido amplio, no está en las funciones de ningún gabinete de asesores, en este caso, del MP. Irónicamente, Benavides, la hoy suspendida Fiscal de la Nación, terminó teniendo un “gabinete de asesores en la sombra” tal como lo tuvo el expresidente Castillo al cual la fiscalía investiga por graves delitos de corrupción, entre otros graves delitos.
En la actualidad, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial (Corte Suprema), hay un número superlativo de ‘asesores’. Estos son funcionarios administrativos que, en la práctica, muchas veces suplen, e incluso reemplazan las funciones y deberes que deben cumplir exclusiva y excluyentemente, tanto fiscales como jueces.
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2023-2030 del MP, en el punto referido al fortalecimiento de la Gestión Institucional (OEI.04), los asesores -en general- o el gabinete de asesores del despacho de la FN, podrían cumplir una función institucional importante, constructiva y transparente, dirigida a mejorar la gestión administrativa y dar soporte al servicio de administración de justicia, desarrollando actividades enmarcadas en la política de modernización de la gestión pública para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que brinda el MP.
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"En el caso de los asesores, su función siempre ha tenido que ser técnica, no ha habido nunca una función política"
Andy Carrión Zenteno, Abogado y doctor en Derecho Penal
Lo que se debe tener en cuenta, y esa discusión también se tuvo en el Congreso de la República, el rol que juegan los funcionarios de confianza. En el ámbito del Ministerio Público, así uno sea funcionario de confianza, siempre los puestos están delimitados por el reglamento de organización y funciones. Entonces, se supone que al ser dinero público, la sola creación o desempeño de una competencia implica previamente, que pase por una necesidad del Ministerio Público, no puede ser una necesidad personalísima . Es por eso que no se pueden crear puestos ad hoc para una determinada persona.
Lo que pasó con Patricia Benavides es que había nombrado a asesores de confianza que, en rigor, no estaban cumpliendo una función institucional. Por tanto, ya era irregular los puestos que había creado; y en segundo lugar, no respondían al Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público.
Así sean asesores de confianza, estos siempre tienen que direccionar sus conductas y actividades competenciales, al fin institucional. Es por eso la diferencia entre el aprovechamiento indebido con direccionamiento, versus el cumplimiento de un rol institucional. Los asesores de Benavides no cumplieron un rol institucional; sino personalísimo; porque nadie puede creer que visitar a un congresista de la República o gestionar intereses en el Congreso sea un rol.
En el caso de los asesores, su función siempre ha tenido que ser técnica, no ha habido nunca una función política de los asesores o de coadyuvar a intereses personalísimo, eso está fuera del Manual de Organización y Funciones.
Entonces, los asesores de confianza no son asesores personales.
El rol de los funcionarios de confianza y sobre todo de la Fiscalía de la Nación, es coadyuvar al cumplimiento propio que cumple el Fiscal de la Nación, por ejemplo la dirección del Ministerio Público, recomendaciones u otros puntos que están relacionados con el rol que cumple a quien asesoran.
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