Alejandra Costa

La respuesta tardía, efectista y poco efectiva del gobierno de Dina Boluarte a la nos permite encontrar muchos paralelos con la forma en que ha lidiado con las otras dos grandes crisis de los últimos meses: las protestas y las lluvias.

Así como se desoyeron los informes meteorológicos que advertían sobre el riesgo de precipitaciones en el norte del país, ahora se dejaron pasar las advertencias sobre un calentamiento de la crisis migratoria.

La acumulación de centenares de migrantes al sur de Tacna imposibilitados de ingresar al de forma regular luego de salir de era previsible si se tomaban en cuenta la criminalización de los inmigrantes irregulares que se viene debatiendo en ese país y el anuncio de la fiscalía de que pedirá prisión preventiva para los indocumentados vinculados a delitos.

Otro punto en común es que las propuestas de solución buscan un impacto mediático y no resolver el problema de fondo. Ante las lluvias se planteó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura –una propuesta que parece olvidada– y ahora la presidenta ha anunciado el envío de las Fuerzas Armadas a las fronteras, una reforma constitucional para que esa militarización sea permanente y ha fijado un plazo de seis meses para que los migrantes regularicen su situación migratoria.

¿Qué se propone hacer con los centenares de migrantes venezolanos y haitianos indocumentados que están varados en el desierto? ¿Cómo ayudar a los niños, mujeres gestantes y ancianos expuestos a la deshidratación e insolación, como ha advertido la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas?

Sobre eso Boluarte no ha dicho nada, en una nueva muestra de falta de empatía similar a la que sigue mostrando frente a las decenas de muertos durante las protestas.

Es más, así como en esa ocasión la presidenta compartía información falsa sobre una supuesta exportación de armas desde Bolivia, ahora ha responsabilizado a los migrantes por la inseguridad ciudadana, sin mostrar datos que prueben esa conexión.

No existe ni un solo estudio que pruebe la correlación entre la migración venezolana y una mayor inseguridad. Por el contrario, una investigación de Equilibrium-Centro para el Desarrollo Económico en el 2020 mostró que la migración venezolana no ha tenido un efecto significativo en la incidencia de delitos como el hurto, robo y homicidio en Lima Metropolitana.

Sobre lo que sí hay investigaciones es sobre el potencial para la economía peruana y la mejora del capital humano que representan los migrantes venezolanos, debido a su alto nivel educativo en promedio.

La migración es un tema complejo y no existen soluciones mágicas para crisis como la que enfrentamos hoy, pero lo mínimo que deberíamos hacer es tratar a los migrantes como quisiéramos que otros trataran a los que han dejado el Perú para buscar una mejor vida para sus familias en otras latitudes.

Alejandra Costa es periodista económica