Editorial El Comercio

Dos días atrás sosteníamos que el Congreso es corresponsable de las tropelías que dos de sus integrantes – y – han cometido y que se han conocido en los últimos días. En el caso de Espinoza, nos referimos a la denuncia de “Punto final” del domingo pasado en el que se dio a conocer que habría estado utilizando los recursos que tiene a la mano por ser parlamentario para impulsar un movimiento regional en Áncash. Y en lo que concierne a Doroteo, al allanamiento que la fiscalía realizó de inmuebles vinculados a él en el marco de una investigación por ‘mochasueldo’.

Decíamos entonces que sus colegas son corresponsables porque ya en el pasado, cuando afloraron otras inconductas de esta dupla que fueron evaluadas y votadas en el pleno, el trato que recibieron –junto con otros parlamentarios igual de cuestionados– ha sido el de una protección consistente y a prueba de fisuras. Y así lo demuestran las pruebas.

Este Diario ha encontrado que ‘Los Niños’ (el conglomerado de legisladores más tristemente célebres de este período, acusados de vender sus votos en el hemiciclo al expresidente y al que tanto Espinoza como Doroteo pertenecen) fueron salvados por sus colegas , tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y, por supuesto, el pleno del .

Esta historia de blindajes se remonta a julio del 2022, cinco meses después de que el apelativo de ‘Los Niños’ se hiciera conocido en una declaración de Karelim López al Ministerio Público, cuando la Comisión de Ética salvó a cuatro de estos (entre ellos, a Doroteo y a Espinoza) de ser sancionados. Las únicas denuncias que se aprobaron entonces fueron las de Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi, pero ambas terminaron siendo desestimadas por el pleno en marzo del 2023. Ese mismo mes, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), se aprobaron las acusaciones de cuatro ‘niños’ (los ya mencionados Doroteo, Espinoza, Vergara y Flores Ancachi), pero se salvó a otros dos: Ilich López y Juan Mori, en una decisión que fue luego ratificada por la Comisión Permanente.

Uno podría pensar que, pese al blindaje a López y Mori, al menos se consiguió sancionar a los otros cuatro. Pero no. Porque cuando el caso se vio finalmente en el pleno, una mayoría de legisladores rechazó lo aprobado en la SAC. Con lo que ‘Los Niños’ salieron librados de polvo y paja. Ese mismo mes –mayo del año pasado–, la entonces fiscal de la Nación presentó otra denuncia contra los mismos cuatro parlamentarios que casi un año después continúa durmiendo el sueño de los justos.

Los hechos, pues, son incuestionables. Por lo que, por más que ahora los congresistas se muestren indignados ante los sucesos recientemente conocidos que implican nuevamente a dos ‘niños’, los antecedentes sugieren que nos acercamos a otro episodio bochornoso de blindaje. Peor aún en momentos en los que comienzan las negociaciones con miras a la elección de la Mesa Directiva, que se convierte en una temporada perfecta para que congresistas cuestionados negocien sus votos a cambio de impunidad.

El problema con esta peculiar ‘política de protección infantil’ del Parlamento no es solo el blindaje en sí mismo, sino que, como ha quedado patente en estos días, mientras siguen en sus curules esta pléyade de legisladores continúa presentando o apoyando proyectos de ley lesivos, como aquel que habilita la posibilidad de que los familiares de congresistas, ministros, vicepresidentes, presidentes y altos funcionarios puedan contratar con el Estado, presentada por Espinoza.

Si los representantes de la nación realmente están tan indignados con ‘Los Niños’ como dicen estarlo cada vez que aparecen ante cámaras, pues es momento de que lo demuestren. No con frases vacías o con gestos –como la apertura de investigaciones que luego se cierran o promoviendo sanciones que se desestiman en la instancia decisiva–, sino con sus votos que son, al final de cuentas, lo que mejor los retrata.

Editorial de El Comercio