Seis investigados contra el fiscal

Seis de los 14 congresistas investigados por el Ministerio Público por la presunta red de corrupción encabezada por la suspendida fiscal Patricia Benavides han presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y han solicitado su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 10 años. Se trata de los parlamentarios Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), Ilich López (no agrupado) y José Jerí (Somos Perú). Un puñado de legisladores entre los que se distingue también a dos ‘Niños’ (Ilich y Aragón) y a un acusado de mochasueldo (Tello)…

En cualquier caso, lo que ellos argumentan en su denuncia es que ha existido una “manifiesta transgresión al debido proceso” de parte de Villena, al haber delegado “facultades a un fiscal supremo [se refieren a la fiscal Delia Espinoza] para asumir de manera indebida investigaciones preliminares a congresistas de la República basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público”. Le atribuyen, en concreto, infracciones a los artículos 39, 43, 51, 93, 99, 100 y 159 de la Constitución, y la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Cabe recordar que, a excepción de José Jerí, esos mismos congresistas habían ya planteado hace menos de dos semanas una denuncia constitucional contra la fiscal Espinoza que tenía como trasfondo este mismo asunto, y que, sin embargo, un informe técnico que debe ser votado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales –que es la primera instancia en la que el documento debía ser revisado– recomienda declarar improcedente por no cumplir con el criterio de admisibilidad pertinente. Según explicó el informe que verá la subcomisión, además, el Poder Judicial ya se ha pronunciado sobre la situación de los fiscales supremos Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez (que eran, en principio, los llamados a hacerse cargo de las investigaciones a los congresistas), y ha indicado que uno y otro tienen la calidad de testigos en la investigación que se le sigue a Patricia Benavides. Y a eso hay que agregar el hecho de que ambos solicitaron en su momento la renuncia de esta última, por lo que optaron por abstenerse de ser ellos quienes llevasen adelante la pesquisa en cuestión. Tales son, pues, las razones por las que la responsabilidad cayó en manos de la fiscal suprema Delia Espinoza.

No satisfechos con esa explicación, no obstante, los congresistas que nos ocupan han procedido a plantear la denuncia antedicha, lo que mueve a ciertas reflexiones. La primera, desde luego, es la de que estamos ante un escenario que hace pensar en una represalia. O, peor todavía, ante una posible obstrucción a las investigaciones que los comprometen, tal como ha sugerido en declaraciones a este Diario el abogado especialista en materia penal Andy Carrión.

El cuadro resultante, como es obvio, tiene un muy mal aspecto. Lo que se ve es a un grupo de congresistas sobre los que se ciernen ciertas sospechas aprovechando el poder del que disponen para zafar el bulto de las investigaciones que podrían despejar esas dudas y, de paso, intimidar a quienes tendrían que ponerlos bajo la lupa. Pero lucir mal ante la opinión pública es una contingencia que hace tiempo dejó de preocupar a la mayoría de los miembros de la representación nacional. Acaso una de las múltiples consecuencias negativas de la prohibición de la reelección parlamentaria.

Y si bien con la recientemente aprobada reforma constitucional que restituye esa posibilidad cabría esperar que esa actitud cambie, parece que ello no va a ocurrir de inmediato. No, por lo menos, en el caso de estos seis congresistas, que no tienen empacho en aparecer hoy ante la ciudadanía como lo que son: individuos que quieren sustraerse de una investigación a cualquier precio, y escarmentar en el camino a quien ose intentar colocarlos en ese trance. Esperemos que la mayoría de sus colegas no los acompañen en este manotazo a la transparencia que debería caracterizar el ejercicio parlamentario, y que esta denuncia termine archivada.