Fue ayer, pero no se acuerdan

Ayer, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, tomó distancia del proyecto de ley presentado hace unos días por el legislador Roberto Chiabra para que la responsabilidad de destituir jueces y fiscales recaiga de ahora en adelante solo en el Congreso y no en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Anoche se anunció que esta iniciativa sería retirada. En principio, se diría que es una actitud prudente, por cuanto la iniciativa, queriéndolo o no, tendría como consecuencia una mayor politización de la justicia que la que ya padecemos en el país. “Nuestro sistema de pesos y contrapesos políticos no puede estar en manos del Parlamento”, ha sentenciado Valdez. Y ha subrayado que, por razones institucionales, la capacidad de remover jueces y fiscales “tiene que estar reservada para un ente autónomo como la JNJ”. Una reflexión de la que se hace difícil disentir.

El problema, no obstante, es que el impulsador de la iniciativa forma parte de la bancada de APP en el Legislativo (como invitado) y que varios de los militantes que la integran la han firmado. Es decir, le han dado su respaldo. Confrontado con la contradictoria situación, el secretario general de APP ha sostenido que la propuesta “nunca ha sido socializada ni presentada” por la bancada de su partido, pero la verdad es que ningún proyecto de esa naturaleza puede ser ingresado a la mesa de partes del Congreso sin el aval del vocero de la bancada a la que pertenece quien originalmente lo formuló. En este caso, hablamos del parlamentario Eduardo Salhuana, quien en su momento colocó, por supuesto, su rúbrica en el documento… Y si la respuesta de Valdez ante el señalado inconveniente lógico ha causado desconcierto, la de Salhuana provoca simplemente estupor. “La verdad es que yo ni recuerdo ese proyecto”, ha declarado en diálogo con El Comercio. Para luego tratar de justificarse ante el periodista que lo interrogaba al respecto. “Como comprenderás, estoy en Madre de Dios”, le dijo. E inmediatamente añadió: “[Chiabra] habrá pedido a la bancada que se le autorice; en algunos casos sucede que, cuando estamos fuera, piden que el vocero autorice, quizás haya sucedido eso”. El vocero, sin embargo, es él mismo y resulta algo más que inverosímil que pueda haber firmado la iniciativa (que tiene fecha de presentación del 28 de diciembre, ocho días atrás) y ahora no lo recuerde.

La argumentación de Salhuana, por lo demás, no se detuvo ahí. “Lo que pasa es que los proyectos no son de la bancada, son individuales [...]. No se discuten internamente. ¿Imagina si vamos a discutir decenas de proyectos?”, apuntó. De lo que se desprendería que la bancada de APP en general, y él en particular, están dispuestos a firmar cualquier propuesta sin siquiera tomarse el trabajo de leer antes aquello que están respaldando. Queda la duda de si tal cosa es cierta o si se trata solo de una respuesta improvisada para salir de la situación incómoda. Pero la verdad es que las dos opciones son malas.

La ciudadanía espera obviamente de sus representantes que discutan “decenas de proyectos” y que hagan un control de calidad antes de que estos entren al proceso que los llevará a ser debatidos en comisiones o en el pleno. A lo mejor la noticia sorprende al parlamentario, pero para eso los eligieron a él y a todos los miembros de la bancada cuya vocería ejerce. Si no son ellos los primeros en ocuparse de desestimar un planteamiento absurdo o inconsistente, ¿quién tendría que hacerlo?

No es menos grave, por otra parte, el intento del partido mismo de desvincularse de lo que hace o deja de hacer la bancada que lleva su nombre. Si la institucionalidad en efecto preocupa al señor Valdez, lo primero que tendría que haber hecho es aclarar cómo un brazo de la institución que dirige ha presentado algo tan contrario a sus convicciones. Y haría bien asimismo el propio presidente del partido, César Acuña, en dar por una vez la impresión de que es él quien orienta las iniciativas de aquellos a los que ha contribuido a llevar al Congreso. En eso consiste, precisamente, la tarea de liderar una organización política.