"Resulta necesario reducir la sensación de impunidad para quienes se dedican a estas actividades". (Ilustración: Jhafet Ruiz Pianchachi)
"Resulta necesario reducir la sensación de impunidad para quienes se dedican a estas actividades". (Ilustración: Jhafet Ruiz Pianchachi)
María Julia Sáenz

“Alcohol adulterado mata a decenas y envenena a cientos”. Este titular de “The New York Times”, aparecido en su sitio web el martes 2 de octubre, hace referencia a una trágica noticia ocurrida en Irán hace un par de semanas, pero no debería sorprenderle la posibilidad de leer algo similar cualquier día en las páginas de El Comercio, dado que el Perú lidera el consumo per cápita de alcohol ilegal en América Latina.

Según un reciente estudio regional realizado por la empresa de investigación de mercado global Euromonitor International por encargo de AB-Inbev, en nuestro país el alcohol ilegal tuvo una participación del 26,2% del mercado total en el 2017, equivalente a US$605 millones en términos del valor de venta ‘retail’.

Esta realidad tiene varias implicancias de política pública. Por un lado es una competencia desleal para la industria formal de bebidas alcohólicas (fuertemente regulada y sujeta a altos niveles impositivos). Además, es un problema de salud pública por los terribles efectos que puede ocasionar el consumo de alcohol adulterado o fabricado sin estándares sanitarios. Y, finalmente, constituye un agujero negro para el tesoro público, con pérdidas de recaudación fiscal estimadas en US$74 millones al año por el mismo estudio de Euromonitor.

Hace un par de semanas, mientras la tragedia descrita ocurría en Irán, en Lima se realizó el I Foro Internacional: Experiencias en la Lucha contra el Alcohol Ilegal, organizado por el Ministerio de la Producción, con el apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima y la participación de la Sunat, el Congreso de la República y la Policía Nacional del Perú. Es importante enumerar a las instituciones participantes porque una de las lecciones que pudimos recoger de los casos internacionales presentados en el foro –como los de Reino Unido y República Dominicana– es que resulta imprescindible la cooperación interinstitucional y público-privada para dar fin a este flagelo.

¿Qué más aprendimos en esta jornada? Las conclusiones se pueden repartir en dos ámbitos. El primero es aquel de las acciones para reducir la demanda por alcohol ilegal. Este esfuerzo se debe centrar principalmente en la educación al consumidor para que pueda identificar estos productos y en la concientización al público de por qué optar por alcohol ilegal es la forma más nociva de consumirlo.

El segundo ámbito es el de reducir la oferta para que, en consecuencia, se incrementen los precios. Aquí se pueden emplear en simultáneo varios enfoques. Por ejemplo, hoy los fabricantes de bebidas alcohólicas ilegales aprovechan un vacío regulatorio para importar alcohol, declarar que no será usado para el consumo humano y obtener así un mejor tratamiento tributario y luego sacarle la vuelta a la ley empleándolo en la producción de bebidas adulteradas o artesanales. Existe una herramienta muy potente para obstaculizar y reducir esta práctica: la desnaturalización (alteración del gusto, olor y/o color) obligatoria de todo alcohol puro cuya importación sea declarada para fines distintos al consumo humano.

Asimismo, se debe implementar una mayor fiscalización sobre la producción local de alcohol etílico por parte de los grandes ingenios azucareros y sobre los puntos de entrada ya conocidos de bebidas alcohólicas de contrabando, principalmente, Desaguadero.

Finalmente, resulta necesario reducir la sensación de impunidad para quienes se dedican a estas actividades, mediante un adecuado cruce de información entre entidades públicas y mejores controles. Por ejemplo, en República Dominicana se obtuvo un quiebre importante en la lucha contra el alcohol ilegal con la creación de una procuraduría especializada en crímenes y delitos contra la salud, que asumió como suya la batalla contra esta actividad.

Lograr un marco legal adecuado, fomentar la cooperación multisectorial, además de implementar acciones preventivas y punitivas es, en resumen, la vía para conseguir un Perú sin alcohol ilegal.

*La autora es directora legal y de Asuntos Corporativos de Backus.