Los puntos más polémicos del acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez

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Luego de semanas de intensas negociaciones, el PSOE llegó al acuerdo en la capital belga por los siete votos de la formación Junts per Catalunya que eran indispensables para que su coalición de centroizquierda se mantenga en el poder, pero, a cambio, aceptó un acuerdo que incluye un proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso separatista. La controversial medida generó protestas en varias ciudades españolas en los últimos días y había sido duramente criticada por varios sectores, principalmente de la oposición y la derecha radical.

“España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”, sentenció Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), que, aunque fue la agrupación más votada en las urnas en julio, no logró los apoyos parlamentarios para hacerse con el poder.

El pacto supone un gran impulso para las posibilidades de que Sánchez forme otra coalición de izquierdas para gobernar en minoría. El jefe de gobierno en funciones también cuenta con el respaldo de la formación de izquierda Sumar, con la que gobernado hasta el momento en coalición, y de otras fuerzas nacionalista e independentistas catalanas, vascas y gallegas.

La firma entre el PSOE y Junts per Catalunya se cerró cuando se acerca la fecha límite. Si no se puede formar gobierno antes del 27 de noviembre, se disolvería el parlamento y se llamaría a elecciones en enero. La votación sería la próxima semana.

Estos son los puntos más polémicos de los acuerdos entre los socialistas y los independentistas catalanes.

Para lograr el apoyo de Junts y su rival Esquerra Republicana de Catalunya -cuyo respaldo obtuvo la semana pasada-, Sánchez aceptó su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de hace seis años.

La amnistía beneficiaría a Puigdemont y decenas de personas, desde funcionarios de baja jerarquía hasta ciudadanos comunes, que se encontraron en problemas con la justicia debido a su papel en la intentona separatista.

El documento del acuerdo establece que la futura amnistía, aunque sin incluir “nombres”, será para todos los relacionados “directa o indirectamente” con el proceso independentista “entre 2012 y 2023″.

Puigdemont advirtió que la estabilidad del Gobierno español en la próxima legislatura dependerá de “una negociación permanente” con el PSOE, pues “se abre un camino incierto y lleno de dificultades”.

Apoyada también por la extrema izquierda y los partidos vascos, la ley de amnistía deberá ser adoptada por el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana.

El PP y Vox se oponen enérgicamente a la amnistía y han convocado movilizaciones en toda España en rechazo a la medida, a la que también se oponen muchos integrantes del poder judicial. Probablemente, será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional de España.

“España ha perdido, los independentistas están ganando”, gracias a su “chantaje”, lanzó Alberto Núñez Feijóo, mientras que el jefe de Vox, Santiago Abascal, denunció “el principio del fin de la democracia”.

El acuerdo también contempla iniciar conversaciones sobre el “reconocimiento nacional de Cataluña”. Junts ha afirmado que impulsará un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña bajo el amparo de la Constitución.

Por ello, se ha pactado una mesa con un mediador internacional donde Junts reclamará un referéndum, una petición que el PSOE rechaza.

“Pese a aceptar negociar con el PSOE, Puigdemont siempre ha mantenido el referéndum de autodeterminación como objetivo. Incluso Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, expuso en su intervención en el Senado que la amnistía “es el punto de partida; el destino es votar la independencia”, dice el diario “El Mundo”.

El último punto del acuerdo hace referencia a la “estabilidad de la legislatura” y en él se establece que ésta quedará “sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”.

Puigdemont ya ha advertido a Sánchez que la estabilidad “se la tendrá que ganar día a día”, algo que pone bajo presión al PSOE, que buscaba lograr un pacto de legislatura y no de investidura con los partidos independentistas.

“A diferencia de la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día. Sin el cumplimiento, la legislatura no tendrá recorrido y acabará en la papelera de la Historia”, advirtió Puigdemont.