Barranco legalizará invasión de edificio en acantilado

En esta ciudad, construir un edificio es tan fácil como invadir un espacio público e invertir en recursos legales para conseguir la legitimidad de la obra. En Barranco, donde el metro cuadrado puede llegar a costar US$5.000, este negocio es más rentable.

Prueba de ello es lo que sucedió en los últimos años con el polémico caso del edificio Aquamarina. El predio donde se levantó, ubicado en el acantilado de Barranco, fue tomado en posesión alrededor del 2004 de manera irregular y desde entonces ha existido un proceso engorroso para obtener su legalidad.

Ahora es un lujoso edificio de departamentos. Una parte del terreno que ocupa entrará mañana en subasta pública a las 5:00 p.m., en el local municipal de Barranco, con el fin de inscribirla en Registros Públicos de forma total.

–Paso a paso–
El problema se remonta al 2007, cuando se inició la construcción de este edificio. La empresa a cargo de la obra –Kalandar Internacional– tenía propiedad sobre un área del terreno en el acantilado de aproximadamente 500 m2, pero al momento de construir se apropió, de manera indebida, de un terreno municipal adyacente que estaba destinado a áreas verdes, de 105,08 m2.

“A la hora de construir fue ‘comiéndose’ espacios que sobrepasaban los límites de su propiedad, y fueron ocupándolos poco a poco. Esos espacios suman los 105,08 m2”, explicó ayer a El Comercio Francisco Narrea, gerente municipal de Barranco.

Es decir, la compañía construyó sobre metros del terreno en los que no tenía propiedad sin informarlo de manera adecuada a la municipalidad, liderada por el entonces alcalde Antonio Mezarina, responsable de fiscalizar que la construcción no superase el espacio permitido.

El caso tuvo especial resonancia en el 2012, cuando la empresa –que cambió de nombre a El Ancla Group S.A.C.– no pudo inscribir su propiedad en Registros Públicos, ya que el área declarada no coincidía con la real.

La firma se habría visto forzada a reconocer ante la comuna el ‘error’ de ocupar más terreno y habría ofrecido comprarle el predio. Debido a que un terreno municipal no puede ser vendido directamente a cualquier comprador, la comuna empleó la subasta, un recurso permitido según la Ley Orgánica de Municipalidades.

Especialistas en derecho municipal critican este tipo de ‘arreglos’, pues en este caso resultaría difícil encontrar un comprador para un terreno sobre el cual ya hay una construcción. El arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio cree que este proceso de ‘legalizar’ un terreno ilícitamente apropiado da pie a sospechar sobre una colusión entre constructoras y municipios.

“El terreno fue apropiado ilegalmente. Es un fraude de saco y corbata, una forma de limpiar el delito. La invasión fue responsabilidad del municipio por omisión. El daño ya está hecho y ahora está siendo saneado”, dijo Ruiz de Somocurcio, quien criticó el descuido municipal de no fiscalizar la construcción.

La decisión de subastar el terreno, adoptada por el concejo durante la gestión barranquina anterior, “era la única vía para solucionar el conflicto, ya que demolerlo era inviable”, comunicó el municipio en el 2013.

En el 2010, se declaró intangible el acantilado de la Costa Verde, “permitiéndose que solo se desarrollen proyectos viales, salvaguardando el paisaje”. Sin embargo, la propiedad y la construcción del edificio Aquamarina datan de tres años antes.
La intangibilidad no es retroactiva, es decir, no se pueden rescindir los contratos ya firmados.

LO QUE DEBES SABER

- Todo proyecto realizado en el acantilado de la Costa Verde –sea obtenido legal o ilegalmente– ha sido cuestionado por especialistas de la Sociedad Geológica del Perú y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), debido a la inestabilidad del terreno, los riesgos por derrumbes y por el agua subterránea que podría alterar la cimentación de las construcciones.

- 262 mil dólares es el precio base que solicita la Municipalidad de Barranco para el terreno de 105,08 m2 que subastará mañana.